En todos los países del mundo cuando se inicia un proceso de producción, transformación y comercialización de productos vegetales o animales, en frescos o procesados, siempre nos topamos con una serie de requisitos que exigen las autoridades sanitarias en cumplimiento de la función del Estado como protector de la salud pública de su población. 

Al exportar productos frescos a Estados Unidos por ejemplo, la primera autoridad de control sanitario es el Animal and Plant Health Inspection Service, -APHIS- del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos -USDA- y las diferentes agencias gubernamentales conformadas por la APHIS, FSIS, FGIS y la AMS, encargadas de realizar la inspección en los puertos y aeropuertos de ingreso.

En los demás países del mundo ocurre lo mismo. En España por ejemplo, las competencias en sanidad vegetal y animal recaen en la subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal; en Perú y Argentina, tienen el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Senasa; en Ecuador está Agrocalidad y en Brasil, la Secretaría de Defensa Agropecuaria.

En Colombia, la primera autoridad encargada del control sanitario es el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, una entidad que ha sido fuertemente cuestionada por la ineficiencia en la prestación de sus servicios y del manejo de sus recursos.

En un reciente informe, la Contraloría General de la República no feneció su cuenta y detectó 68 hallazgos de tipo administrativo, fiscales y disciplinarios. Por su parte, el ministerio de Hacienda a través de su sistema SIIF encontró que sólo había recaudado un 24 % del presupuesto de los ingresos estimados en $63.913 millones para este año y ejecutado menos del 20 % del presupuesto de sus obligaciones en el primer semestre del 2020. En otras épocas, estos resultados exigían la renuncia irrevocable del director y su junta directiva.

Claramente, aquí hay unos problemas gravísimos de administración y dirección de la entidad que los mismo responsables pretenden enmendar a través de un “Acuerdo” que terceriza el manejo de los principales servicios de la entidad. Según un cálculo de un exfuncionario del ICA, este “baloto” le puede dejar a esas empresas y gremios beneficiados, ingresos que superan los $28.000 millones anuales, más $130.000 millones que recibirían del presupuesto de funcionamiento e inversión del ICA para la contratación del personal y oficinas que se requieren para ejecutar esos servicios.

¿Se imaginan lo que puede ocurrir si el gobierno le entrega a unos particulares el control, inspección, vigilancia de los productos agropecuarios que ingresan y salen por los aeropuertos, puertos y zonas fronterizas del país? Y ni que hablar de lo que pueda suceder con los controles de sanidad animal y vegetal, el registro y regulación de los plaguicidas y fertilizantes químicos y orgánicos de uso agrícola, los laboratorios y los certificados de BPA. Y lo más grave, la información confidencial de más de 3 millones de productores del campo quedaría en manos de unos particulares. ¡Qué peligro!

Me uno a las voces del Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Congresistas y del propio Ministro de Agricultura, en el sentido de que, al ICA, en vez de privatizarlo hay que fortalecerlo con equipos modernos, sistematización de procesos y profesionales idóneos.