Ante un juez de control de garantías le imputaron cargos a la exalcaldesa de Uribia, Cielo Beatriz Redondo Mindiola, investigada por presuntas irregularidades en la contratación de ayudas alimenticias para las comunidades indígenas del departamento de La Guajira.  

Redondo deberá responder por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, endilgados por la una fiscalía adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción.  

Junto a ella también fueron imputados el exjefe de recursos físicos de la Alcaldía de Uribia, Camilo Manuel Polo González; el exsecretario de Gobierno, Víctor Manuel Mejía; y la contratista Dailineth Torres Iguarán.  

El proceso responde al contrato 053 del 3 de diciembre de 2010, que realizó la exalcaldesa Cielo Beatriz Redondo durante su administración entre los años 2008-2011. 

“El citado contrato, fijado en casi $50’000.000, buscaba mitigar las necesidades de las comunidades de 21 corregimientos que quedaron incomunicados por vía terrestre, situación que generó una grave afectación para la seguridad alimentaria de niños, madres gestantes y adultos mayores”, dijo la Fiscalía. 

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Aparentemente, no se cumplió con este en su totalidad, ya que se presentaron irregularidades en las fases precontractual, de ejecución y liquidación. Por ejemplo, hubo anomalías en la elección del contratista, en las que no se tuvieron en cuenta los parámetros de la Ley 80 de 1993, así como tampoco un censo del número de personas que se iban a beneficiar, ni se estableció la cantidad de mercados o los productos que los conformarían, pese a que el convenio también se había estipulado suministrar víveres, alimentos y enseres a la población Wayuu afectada por la temporada de lluvias.   

Además, se presume que crearon un certificado del ingreso de insumos a un almacén de la Alcaldía de Uribia, a través del cual justificaron la ayuda que no se materializó.

ANTECEDENTE 

Esta no es la primera vez que la exmandataria tiene problemas con la justicia. En el año 2016 fue judicializada por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad en documento privado. 

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El caso fue por unas aparentes irregularidades en la compra de unos materiales de construcción en su periodo de gobierno.