Pese a estar retirado del escenario político, al exalcalde de la Jagua de Ibirico, Alfonso Palacio Niño, le siguen saliendo ‘deudas’ con la justicia por  las presuntas irregularidades durante su administración pública. Esta vez la Fiscalía 11 seccional le imputó cargos por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales por un presunto detrimento patrimonial en un convenio relacionado con unas obras en el municipio durante del 2010 al 2013. 

Según la investigación, el contrato de consultoría No. 080 de 2010 fue suscrito entre el entonces alcalde y el consorcio de interventoría del Cesar, conformado por Contrumarca LTDA, representada por Julián Libardo Jaramillo Díaz, mediante el cual harían una interventoría de cinco contratos de obras ejecutados.  

Todo fue pactado por un valor de por valor de $2.927.938.380. “Sin embargo, al  hacerse un análisis contable basado en los documentos de pago por el mismo concepto  y durante el mismo periodo se pudo establecer que los gastos de personal realmente cancelados fueron  de $1.282.781.632; es decir, que hubo un incremento injustificado por concepto de gastos del personal por $1.645.156.748, los cuales se cancelaron al contratista”, dijo la Fiscalía. 

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Además, habrían realizado el contrato de manera irregular incumpliendo con los principios establecidos en las leyes para la administración pública.  En consecuencia, también les imputaron cargos por los mismos delitos a los interventores Alex Alfredo Banderas Mancera y Juan Libardo Jaramillo Díaz, quienes junto con el exalcalde se declararon inocentes de los hechos. 

No obstante, a los interventores el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de Control de Garantías de Valledupar les impuso una medida de aseguramiento con detención domiciliaria. 

Mientras que al exalcalde le dieron una no privativa de la libertad con las siguientes restricciones: no contratar por él o por medio de otra persona con el Estado, la obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que este designe, la obligación de conservar buena conducta individual, familiar y social con especificación de la misma y su relación con el hecho, y la prohibición de salir del país, lugar donde reside o del ámbito territorial que fije el juez. 

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Sin embargo, el exalcalde está privado de la libertad en su lugar de residencia por una condena por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos. 

Lo anterior correspondió a unos hallazgos que encontraron en el contrato de consultoría No. 63 de 2010, cuyo objeto era contratar el estudio de viabilidad técnica y financiera de La Jagua de Ibirico por valor de $1.490 millones, pero al parecer, el proceso se inició sin contar con el debido respaldo presupuestal vulnerando el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, según informó para la época la Fiscalía en un comunicado de prensa.  

Por estos hechos el exmandatario de 64 años de edad había sido absuelto, pero el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar revocó la decisión en un fallo emitido en segunda instancia.