La Contraloría General de la República imputó cargos de responsabilidad fiscal a Electricaribe por el presunto manejo irregular de $187.227 millones que fueron destinados a la empresa para subsidios de los estratos 1 y 2 de la región Caribe desde el año 2011 hasta el 2016.

Los protagonistas de la historia se dividen en dos bandos: Electricaribe y los 690.000 usuarios a los que el Gobierno giraba recursos para un descuento mensual en la factura que nunca recibieron, porque Electricaribe, en vez de descontarlo en la factura, presuntamente los sumaba a la contabilidad de su empresa para hacer menos graves sus pérdidas.

Estos hallazgos se dieron gracias al uso de la inteligencia artificial, la cual permitió a la Contraloría estudiar alrededor de 64 millones de recibos de los años 2016 y 2017, que corresponden a cerca de 800.000 usuarios por mes.

La conclusión fue que Electricaribe habría utilizado para beneficio propio más de $78.500 millones que le había girado el Gobierno para subsidiar a usuarios de estratos 1 y 2 de zonas especiales.

En diciembre de 2017, la Contraloría reveló los resultados de los análisis de la facturación de Electricaribe desde 2011 hasta esa fecha: durante ese periodo la compañía se habría quedado con los subsidios del servicio de energía eléctrica por un monto cercano a los $200 mil millones.

Años atrás, en otra investigación realizada en 2015, el organismo de control analizó partidas por $141.135 millones, giradas desde el 2011 hasta esa fecha por el Ministerio de Minas y Energía. Detectó que cerca del 46 %, es decir alrededor de $65.000 millones entregados a Electricaribe para normalizar la prestación del servicio no se habían ejecutado.