Por presuntamente generar un detrimento patrimonial en el recaudo del bien prestado, la Fiscalía 11 seccional les imputó cargos a los exgerentes de la Empresa de Servicios Públicos de Becerril, César Augusto Salcedo Ayala y Olver Enrique  López Vega.

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A los dos  los responsabilizó del delito de peculado por apropiación, de cual ellos se declararon inocentes en una audiencia celebrada la mañana del lunes ante el Juzgado Primero Penal Municipal con función de Control de Garantías de Valledupar.

Según la investigación, generaron un detrimento patrimonial de $25.180.266 a través de descuentos que arbitrariamente realizaron a los usuarios en un periodo de tiempo prolongado.

“Se ordenó una inspección a la empresa, cuyo informe dice que en lo realizado en Becerril se recaudaron los recibos originales de los responsables de cancelar las facturas de servicio público que obtuvieron los descuentos realizados por Olver López y  César Augusto Salcedo durante el mes de enero de 2011 hasta enero de 2012. Estos recibos fueron sometidos a un análisis contable del CTI que estableció el detrimento”, manifestó el fiscal Héctor Ruiz.

Las reducciones aparentemente era de $90 mil, de $155 mil,  más de $200 mil y millones de pesos, que afectaban las arcas del erario público. 

Por ejemplo, según la Fiscalía, hubo una persona que solamente pagó de servicio $10.000; el valor de la factura era de $777.887, pero obtuvo  un descuento subsidiario de $223.396 y le autorizaron un descuento de $534.591.

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Precisamente, el mismo usuario fue objeto de otras rebajas autorizadas por la gerencia de la empresa. “Esta persona tiene un valor en este código facturado de $7.114.297, cancela $50.000 y tiene un descuento de $4.930.008, ellos tiene un descuento subsidiado y en este caso en concreto era de $2.194.288. Según el hallazgo de Contraloría y certificado por la Fiscalía, lo hacen sin un acto administrativo el descuento”, acotó el representante del ente acusador.

Agregó que todas las reducciones fueron realizadas de manera arbitraria sin un acto administrativo que las autorizara.

Los exgerentes enfrentarán el proceso estando en libertad, toda vez que la Fiscalía no vio necesario la solicitud de una imposición de medida de aseguramiento.

POR: Marllelys Salinas Mercado / EL PILÓN
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