La Fiscalía Quinta de Valledupar imputó cargos al exalcalde de Chimichagua, Cesar, Rigoberto Pérez Cano y a la constratista Yolanda María Martínez Cardiles como presuntos responsables de los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público.

La diligencia se realizó ayer ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Valledupar con Funciones de Control de Garantías, donde ninguno de los dos aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Según manifestaron al salir de la audiencia, se irán a juicio para tratar de desvirtuar las acusaciones en su contra.
El abogado Bernardo Ardila Fernández, que fungió como defensor de Pérez Cano en la diligencia, precisó que la imputación de la Fiscalía está basada en supuestas irregularidades halladas por la Contraloría Departamental en un contrato de mínima cuantía para el suministro de elementos para la Institución Educativa Antonio Nariño de Chimichagua.

“Se trata de unos hallazgos de la Contraloría Departamental en la que a través de una auditoría no encuentran los materiales que supuestamente se suministraron”, indicó el jurista.
En septiembre de 2011, la Fiscalía 12 Seccional de Valledupar capturó a Rigoberto Pérez Cano en su condición de alcalde de Chimichagua como presunto responsable de los delitos de violación al régimen legal constitucional de inhabilidades e incompatibilidad e interés indebido en la celebración de contrato.

Presumiblemente, Pérez Cano suscribió  el 1 de febrero de 2008, un contrato por 6.800.000 mil pesos, con Alfredo León Queruz, quien estuvo encargado de la Alcaldía  de Chimichagua entre el 21 de noviembre de 2007 y el 4 de enero de 2008, cuando era Secretario de Planeación, lo que motivó la inhabilidad por la que están procesados.
El alcalde de Chimachagua en el periodo 2008-201, en la actualidad no tiene medida de aseguramiento y se presenta voluntariamente ante los despachos judiciales cada vez que es requerido.

Por Redacción Judicial / EL PILÓN