El pasado domingo cinco de julio en la glorieta de la Pilonera Mayor ocurrió un homicidio que consternó a toda la ciudadanía. Un hombre en una cuatrimoto mato a Geovanis Agustín Vega Melgarejo en un acto de intolerancia. El repudio por este crimen fue generalizado y se presume, porque hasta ahora las autoridades no han dicho lo contrario, que este hecho es una más de la larga lista de muertes injustas.

 
La Alcaldía de Valledupar ofreció diez millones de pesos, pero ni eso ha servido para capturar al homicida. Este caso simbólico en el Cesar y en Colombia, porque refleja los niveles de intolerancia que se registran en todo el país. Pero más grave son los niveles de impunidad que existen. La Fiscalía General de la Nación hizo un estudio que dice que solamente dos de cada diez homicidios son resueltos; es decir, por lo menos hay capturados y un juicio por la responsabilidad.

En Colombia, durante el 2013 fueron reportados 14.294 homicidios al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, frente a 1.433 casos en 2012, es decir, un 9,12% menos. De ese número del 2013, 253 ocurrieron en el Cesar y de esta cifra muy pocos asesinatos han sido resueltos.
Aunque la Fiscalía afirma que hoy las estadísticas son mejores que hace siete años, cuando se registraban condenas en tres de cada cien asesinatos, se requiere un sistema judicial más efectivo y eficaz. Ese es el reclamo que hacen los vallenatos a las autoridades judiciales, que sean más contundentes en sus labores judiciales.

Quizás por eso, Valledupar sea de las ciudades colombianas donde menos se denuncian los delitos, por la poca credibilidad que existe del sistema judicial. Según el estudio comparativo de las encuestas de percepción ciudadana de los Cómo Vamos, en la capital del Cesar solo el 34 por ciento denuncia que fue víctima de un delito, comparado con una ciudad similar como Pereira, donde el 43 por ciento si lo hace. En ese mismo sentido, en la ciudad solo el 13 por ciento piensa que la probabilidad de que un delito sea sancionado es alta y en Medellín lo hace un 21 por ciento. En términos generales, la confianza en las autoridades para resolver y castigar a los responsables de delitos es baja.

Sin embargo, eso no debe ser óbice para continuar en la lucha contra el delito, en encontrar a los culpables de asesinatos, de hurtos, de abusos sexuales, extorsión y estafa. Las autoridades deben mostrar resultados para que aumente la credibilidad y la confianza.