Por: Indalecio Dangond Baquero

El próximo viernes 18 de noviembre, a las 4 de la tarde en el edificio de Colsubsidio de Bogotá, el ministro de agricultura, Juan Camilo Restrepo y el director del Incoder, Juan Manuel Ospina, harán un acto simbólico de restitución de un par de parcelas a la familia Salabarría Moreno, expulsados en 1.992 por los paramilitares de la zona rural de Montería, llamada Mundo Nuevo.
El retorno efectivo de Maritza Salabarría y su familia no podrá realizarse, porque el Gobierno Nacional no les garantiza la seguridad en esa zona rural. Ellos quedarán con el título debajo del brazo observando sus tierras desde lejos, mientras el ministro de la cartera recibirá una ovación de los asistentes al acto y el acoso de los periodistas para publicitar en los noticieros y primeras páginas de los principales periódicos del país, este show de restitución mediática. Que descaro y engaño con esta inocente familia campesina.
Este es el único país del mundo, donde un gobierno implementa una ley de restitución de 6.6 millones de hectáreas de tierras a familias desplazadas en unos corredores geográficos de pleno conflicto armado y dominio por parte del narcotráfico y bandas criminales. En otros países, estos procesos se hacen en época de post conflicto, para que los procesos de restitución sean realmente  un hecho. Aquí, ni siquiera se han articulado los ministerios de Defensa y Agricultura para establecer una estrategia de restitución de tierras por zonas libres de amenazas. ¿Cuántas lápidas más le van a colgar a estas familias campesinas?
Todo esto indica una improvisación del Gobierno Santos en la formulación de la política de restitución, en razón a que la seguridad de las víctimas y sus retornos es el elemento esencial de esta.
Otro aspecto preocupante es la contradicción existente por parte del Gobierno Nacional en el impulso de la inversión de capitales extranjeros en el sector agropecuario y al mismo tiempo la acogida y protección de las organizaciones no gubernamentales de victimas de restitución (muchas de ellas de papel), por parte del ministerio de agricultura. Ello está generando pánico en la inversión nacional y extranjera del sector agroindustrial, toda vez que, se ha creado una incertidumbre de los derechos de propiedad sobre la tierra, generado por las demandas de restitución promovidas por falsas victimas organizadas por organizaciones de izquierda, derivadas del principio de la inversión de la carga de la prueba, norma esta que trajo consigo la ley 1448 de 2011.
Dios quiera, que no se repita con estas organizaciones no gubernamentales de victimas de restitución, lo que ocurrió con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo con las falsas víctimas de Mapiripan.
Mi recomendación es que todos aquellos productores del campo que han obtenido sus tierras de buena fe y que han trabajado honestamente a lo largo de muchos años para adquirirla, elaboren buenos estudios de títulos que les soporten las defensas a la que se verán abocados por este nuevo instrumento aprobado.
Por último, no entiendo cuál es el afán de protagonismo del ministro de agricultura con este tema de la restitución de tierras. No se le vaya a ocurrir -al igual que Andrés Felipe Arias-, utilizar los programas de ayuda del Gobierno como plataforma política para llegar a ser  precandidato presidencial en el 2014. Cuidado ministro, no sea que termine de compañero de cuarto –perdón, de celda- de su antecesor.
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