Después de cinco años, se logró por consenso el reajuste del salario mínimo legal de los colombianos, con un aumento de 5,8 por ciento, con lo cual el mínimo para 2012 quedaría en $566.664. (Al cierre de esta edición existía la expectativa sobre si la cifra se cerraría en $566.700).
A su vez, el auxilio de transporte, que las empresas reconocen a quienes ganan el salario mínimo, se reajustó en 6,6 por ciento, para fijarlo en $67.797.
El reajuste implica que los empresarios aumentaron su oferta de 4,75 por ciento, un poco más de un punto adicional (5,8) por ciento, mientras que las centrales obreras, como voceras de los trabajadores, redujeron su aspiración del 8 al 5,8 por ciento.
El incremento se presenta en una coyuntura de la economía colombiana, que este año podría crecer alrededor del 5 por ciento, y con una inflación bajo control en un rango entre el 4 y  el 5 por ciento, lo que significa que con el reajuste los trabajadores de salario mínimo recuperan su capacidad de compra y mejoran en un punto, por concepto de productividad, según lo acordado en la Comisión de Concertación Salarial y Laboral.

Habíamos dicho que la revisión del salario mínimo legal no se debía mirar como un hecho aislado, sino que, por el contrario, debía hacer parte de una política general de precios y salarios que debe propender por conservar y mejorar la capacidad de compra de los empleados y trabajadores del país, teniendo en cuenta, en primer lugar, el bienestar de estos, la inflación y también las tarifas de los servicios públicos, y de otros servicios sociales como salud, educación y vivienda.   Y que la política de salarios no puede estar aislada de esa política de subsidios y debe propender por buscar una mayor equidad y justicia social.
Sin embargo, habíamos advertido que el reajuste también debía mirar el otro lado de la moneda: el impacto del salario mínimo en la generación de empleo y en los costos de la gran mayoría de las empresas del país y su disposición en materia de competitividad en una economía internacional cada vez más compleja y competitiva.
Advertíamos que era viable un acuerdo concertado y lograr equilibrio  entre mejorar un poco la capacidad de compra de los trabajadores, pero sin afectar la economía de las empresas, principalmente de las medianas y pequeñas que son la gran mayoría de las del país y que tienen que competir con importaciones muy baratas, principalmente procedentes de la China, o competir en el mercado internacional, en el caso de las exportadoras, con productos iguales o más baratos que los nuestros y de una calidad similar. Los hechos demostraron que nos asistía la razón.
Lograr el reajuste por concertación es un punto a favor del diálogo necesario entre el capital y el trabajo, en una economía como la colombiana, y que habla bien de las habilidades de negociación del nuevo Ministro del Trabajo, Rafael Pardo Rueda, como lo habíamos advertido en estas mismas páginas en anteriores notas editoriales.
El consenso en el reajuste del salario mínimo representa un hecho positivo para la economía colombiana, por cuanto puede servir para buscar otros acuerdos entre el capital y el trabajo, por ejemplo en la formalización de empleos, y mejoras en seguridad social, en el subsidio familiar y en otras formas de  protección del trabajador para buscar mejores condiciones para estos y sus familias,  lo que contribuye a la consolidación de un mejor clima social.