‘El mercado persa’ en que se estaba convirtiendo las afueras del edificio de la Caja Agraria de Valledupar, que causaba molestias a los trabajadores del sector, provocó que la Secretaría de Gobierno Municipal instalará vallas para evitar así que vendedores ambulantes se apoderaran del espacio público.

De acuerdo con los cerca de 35 copropietarios y arrendatarios de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, eran números vendedores de frutas, verduras y frutos secos los que se aglomeraban en el lugar, situación que se agudizaba entre 11:30 a.m. a 12:30 m., generando traumatismos en la movilidad vial y peatonal, sumado a que afeaba la zona.

Al respecto, la secretaria de Gobierno Municipal, Sandra Cujia Mora, manifestó que “sigue siendo toda una misión titánica tener la ciudad lo más organizada posible. Aquí teníamos la queja de funcionarios y usuarios de la Caja Agraria; sin embargo cuando hay un vendedor informal que se ubica afuera de una institución tan importante como esta, donde está la Procuraduría, Secretaría de Salud, Igac, entre otras entidades, es porque existen compradores potenciales, pese a que saben que no es el lugar adecuado”.

De acuerdo con la funcionaria, no se trata de entrar a atropellar, sino de concertar. “Hemos decidido disponer de estas vallas de la Alcaldía y la Policía Nacional durante un tiempo, así como lo hicimos en el Pabellón del Pescado y la carrera séptima, con operarios de funcionarios del Espacio Público y monitoreo de la Policía. Es un llamado de sentido de pertenencia hacia la ciudad; si observábamos una conducta inapropiada de parte de otros ciudadanos, no seamos cómplices en la realización de esa conducta. Autor de la situación es el que se coloca con la carretilla, tanto el ciudadano que compra el producto”, acotó.

Como las autoridades ya sensibilizaron a la comunidad sobre la importancia del espacio público, ahora vendrá la parte sancionatoria contempladas en el Código de Policía, que consisten en multas que van desde 200 mil pesos hasta los dos millones de pesos, dependiendo de la conducta contraria a la convivencia.

“No queremos tocar el bolsillo de esta población porque sabemos que por lo general los vendedores ambulantes son personas de escasos recursos, que tienen derecho al trabajo, pero el derecho de los ciudadanos tiene límites; aquí tiene que primar el derecho colectivo sobre el particular”, subrayó Cujia Mora.

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN