La capitalización que le acaba de aprobar la Asamblea Departamental al Instituto de Desarrollo del Cesar –Idecesar-, en sesiones extraordinarias, con el propósito de garantizar su autosostenimiento, crecimiento, ampliación de cobertura y vigencia, sin que dependa de recursos externos, es una oportunidad para los cesarenses que se beneficien con los créditos que desde allí se otorguen.
La capitalización que le acaba de aprobar la Asamblea Departamental al Instituto de Desarrollo del Cesar –Idecesar-, en sesiones extraordinarias, con el propósito de garantizar su autosostenimiento, crecimiento, ampliación de cobertura y vigencia, sin que dependa de recursos externos, es una oportunidad para los cesarenses que se beneficien con los créditos que desde allí se otorguen.
Esta estrategia que busca, según la ponente del proyecto de ordenanza, la diputada Luz Helena Salazar, tendría fines nobles en su objeto financiero si se aplicara en otro momento que no coincida con el proceso electoral que se avecina. Su sano objeto en tiempos normales sería darle un manejo equitativo y razonable a los préstamos de dinero a que acuden los pequeños comerciantes que hoy son ‘presas’ de la usura.
Se debe recordar que el Cesar, creado en 1967, se constituyó como ente territorial para satisfacer necesidades básicas de primer orden, y no para convertir parte de su misión institucional en una especie de entidad financiera, que aunque ofrezca bajas tasas de interés, debe centrarse más en la promoción, planificación y ejecución de proyectos productivos, encaminados a generar el emprendimiento y empresarismo para minimizar la pobreza (62%) y el alto nivel de empleo oficial a través de OPS (órdenes de prestación de servicios) y otro tipo de vinculaciones laborales.
Otro problema que surgiría por la ampliación de la cobertura financiera de Idecesar a corto, mediano y largo plazo, se centraría en la capacidad del pago de capital e intereses de los beneficiarios, en medio de una economía inestable como la que se vive en la Costa Caribe, por lo cual la cartera morosa se convertiría en una línea de riesgo alto hacía la prescripción y por ende en un eventual daño patrimonial para el erario cesarense. Es menester prever que el departamento del Cesar tendría que realizar cobros coactivos masivos para recuperar dicha cartera o contratar firmas de abogados para tal fin, lo que también es un riesgo en términos de eficacia de recuperación de cartera por los antecedentes que se tienen en el territorio nacional. Solo la Dian tiene experiencia favorable en este campo con sus oficinas de cobro administrativo.
La pregunta que surge es a partir de cuándo debe entrar Idecesar a ejecutar los efectos de la nueva ordenanza. ¿Es oportuno que estos dineros comiencen a ser colocados ad portas de un proceso electoral? Desde el punto de vista politiquero sería una gran oportunidad para obtener buenos recaudos de clientelismo, traducidos en votos para los candidatos del gobierno de turno.
¿En tiempo récord podrá Idecesar entregar esos créditos antes de entrar en vigencia la Ley de Garantías el próximo nueve de noviembre de 2013? No debemos olvidar que la prisa desmesurada y en circunstancias de alta actividad política puede generar cansancio y alto riesgo no solo financiero para los intereses del departamento, sino legal con relación a los fines para los cuales fue creada esa estrategia. Los organismos de control y la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República tienen la palabra. ¿Harán valer la unidad de la transparencia o la unidad del Partido de la U? ¿Será Idecesar una trampa electorera?
La capitalización que le acaba de aprobar la Asamblea Departamental al Instituto de Desarrollo del Cesar –Idecesar-, en sesiones extraordinarias, con el propósito de garantizar su autosostenimiento, crecimiento, ampliación de cobertura y vigencia, sin que dependa de recursos externos, es una oportunidad para los cesarenses que se beneficien con los créditos que desde allí se otorguen.
La capitalización que le acaba de aprobar la Asamblea Departamental al Instituto de Desarrollo del Cesar –Idecesar-, en sesiones extraordinarias, con el propósito de garantizar su autosostenimiento, crecimiento, ampliación de cobertura y vigencia, sin que dependa de recursos externos, es una oportunidad para los cesarenses que se beneficien con los créditos que desde allí se otorguen.
Esta estrategia que busca, según la ponente del proyecto de ordenanza, la diputada Luz Helena Salazar, tendría fines nobles en su objeto financiero si se aplicara en otro momento que no coincida con el proceso electoral que se avecina. Su sano objeto en tiempos normales sería darle un manejo equitativo y razonable a los préstamos de dinero a que acuden los pequeños comerciantes que hoy son ‘presas’ de la usura.
Se debe recordar que el Cesar, creado en 1967, se constituyó como ente territorial para satisfacer necesidades básicas de primer orden, y no para convertir parte de su misión institucional en una especie de entidad financiera, que aunque ofrezca bajas tasas de interés, debe centrarse más en la promoción, planificación y ejecución de proyectos productivos, encaminados a generar el emprendimiento y empresarismo para minimizar la pobreza (62%) y el alto nivel de empleo oficial a través de OPS (órdenes de prestación de servicios) y otro tipo de vinculaciones laborales.
Otro problema que surgiría por la ampliación de la cobertura financiera de Idecesar a corto, mediano y largo plazo, se centraría en la capacidad del pago de capital e intereses de los beneficiarios, en medio de una economía inestable como la que se vive en la Costa Caribe, por lo cual la cartera morosa se convertiría en una línea de riesgo alto hacía la prescripción y por ende en un eventual daño patrimonial para el erario cesarense. Es menester prever que el departamento del Cesar tendría que realizar cobros coactivos masivos para recuperar dicha cartera o contratar firmas de abogados para tal fin, lo que también es un riesgo en términos de eficacia de recuperación de cartera por los antecedentes que se tienen en el territorio nacional. Solo la Dian tiene experiencia favorable en este campo con sus oficinas de cobro administrativo.
La pregunta que surge es a partir de cuándo debe entrar Idecesar a ejecutar los efectos de la nueva ordenanza. ¿Es oportuno que estos dineros comiencen a ser colocados ad portas de un proceso electoral? Desde el punto de vista politiquero sería una gran oportunidad para obtener buenos recaudos de clientelismo, traducidos en votos para los candidatos del gobierno de turno.
¿En tiempo récord podrá Idecesar entregar esos créditos antes de entrar en vigencia la Ley de Garantías el próximo nueve de noviembre de 2013? No debemos olvidar que la prisa desmesurada y en circunstancias de alta actividad política puede generar cansancio y alto riesgo no solo financiero para los intereses del departamento, sino legal con relación a los fines para los cuales fue creada esa estrategia. Los organismos de control y la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República tienen la palabra. ¿Harán valer la unidad de la transparencia o la unidad del Partido de la U? ¿Será Idecesar una trampa electorera?