Los acontecimientos que han ocurrido durante los últimos días son, francamente, desastrosos. Deben calificarse de esa manera, aun corriendo el riesgo de que se levanten voces críticas dispuestas a señalar esa manera de describir el actual estado de cosas como una exageración. ¿Podrá decirse algo distinto a raíz de los constantes escándalos de corrupción?

¿Es posible darle otra denominación a hechos en los que están presuntamente comprometidos parlamentarios, exparlamentarios, magistrados, exmagistrados, funcionarios, exfuncionarios y empresarios nacionales y extranjeros? Desde luego que no. Se trata de una verdadera hecatombe.

Que nadie se atreva ahora a señalar, como lo hacen algunos con frecuencia, que lo que ocurre obedece a la actitud de una oposición implacable. Son los hechos, duros e inocultables, aquello que obliga a ponerse de pie a gritar no más.

Colombia, que tanta resistencia a las adversidades ha tenido a lo largo de la vida independiente, está llegando al límite de su capacidad. La ciudadanía se encuentra en un estado de indignación, descreimiento y rechazo como no se había vivido en mucho tiempo. Los titulares de los medios, además, cuando describen lo que verdaderamente sucede, producen una desesperanza dolorosa.

Quién podrá olvidar la primera página de un diario nacional de amplia circulación, según el cual las autoridades rastrean una vaca hecha por parlamentarios para sobornar magistrados. No puede ocultarse el sentimiento de angustia que una noticia de ese calibre produce en el ánimo de todos. Y los hallazgos siguen produciéndose. Cada día que pasa hay un hecho nuevo, más nombres, y manchas adicionales al aparato institucional de la nación.

Los expresidentes Uribe y Pastrana, por ejemplo, acaban de solicitarle a las autoridades que investiguen la financiación de la campaña Santos de 2014, mediante la presentación de un escrito detallado, con nombres, fechas y cantidades. No es cualquier cosa que dos exmandatarios, a través de una petición como la que se conoció públicamente, pongan en conocimiento de los funcionarios competentes presuntos hechos irregulares para que sean materia de averiguación. Ahora deben iniciarse los procedimientos contemplados en la normatividad vigente. Y las autoridades tienen el deber de actuar con celeridad a fin de que se esclarezca la verdad.

De otro lado, siguen poniéndose en evidencia incumplimientos de las Farc y la inconveniencia de varios de los puntos del acuerdo Santos-Timochenko. Como si todo lo anterior fuera poco, la situación económica es cada día más preocupante.

Las permanentes declaraciones de muy importantes presidentes de gremios, acerca de la desaceleración de la producción en gran número de sectores, y la caída de las ventas en el comercio, son suficientes para darse cuenta del mal momento que atraviesa la economía nacional. Infortunadamente, no hay razones para pensar que una recuperación a corto plazo sea posible. Todo lo contrario.

Además de la falta de confianza de los consumidores, y de los hechos que destruyen dicho factor esencial para que los inversionistas se atrevan, la temporada política se precipitó. En estas condiciones, lo que sucederá es que muchos empresarios y personas naturales, con posibilidad de apostarle a algún empeño productivo, preferirán esperar el resultado de las próximas elecciones antes de decidirse a correr el riesgo. ¿Por qué? Debido a que requieren claridad en las reglas del juego, seguridad jurídica, y la existencia de una estructura constitucional y legal cierta y definida.

Nada de eso existe hoy, por cuenta del contenido de lo que el Presidente de los colombianos decidió firmar con la cabeza de una organización que bañó de sangre el cuerpo de la patria. Cuidado, entonces, con las complacencias o el escapismo.

Las instituciones se están hundiendo e impedir el naufragio es una tarea de todos los que desean vivir y trabajar tranquilos. Salvemos a Colombia corrigiendo el rumbo en el 2018.

Por Carlos Holmes Trujillo