Casi una década después de la tragedia, Héctor Hernández González, de 74 años, no olvida el día en que la muerte tentó su vida. Era una mañana del 7 de septiembre de 2016. Caminaba sobre una vía pública del barrio Cinco de Noviembre, donde un hombre, muchísimo más joven que él, se le acercó y le dijo: “Te voy a robar viejo”.

Héctor Hernández ni se inmutó. No se tomó en serio la advertencia, un motivo que despertó la frustración del maleante, quien sin piedad le disparó en el estómago.
“Caigo y el sujeto se descuida, me levanto y lucho con él; logré desarmarlo y lo impacto en tres partes”, recordó.

Los dos fueron trasladados a un centro asistencial de Valledupar y a partir de ahí sus vidas no volvieron a ser las mismas: el delincuente terminó condenado con más de 38 años de cárcel y Héctor Hernández conoció el valor de morirse.

Aunque en aquella oportunidad Hernández no vio la luz al final del tunel, conoció lo costoso que hubiese salido su funeral, pues no se encontraba activo en el servicio exequial.
“Me dijeron que como dejé de pagar no aparecía en el banco de datos, me pareció una cuestión ilógica. Sin embargo, no me incomodé en el momento y me dediqué a pensar en cómo resolverían la situación los demás (de escasos recursos), porque yo soy un tipo productivo, tengo mi taller y una sociedad vallenata que me ha acogido como un hijo más”, dijo.

En ese momento Héctor Hernández, de oficio electricista, advirtió que el desarrollo de un cementerio público para Valledupar, más que una ambición personal, era una necesidad para el pueblo, sobre todo para aquellos que sobreviven sin la satisfacción de las necesidades básicas que debería garantizar todo Gobierno.

Para palpar esa realidad no necesita ir demasiado lejos. En el sector principal del barrio Kennedy, ubicado en el centro de la ciudad, donde Hernández tiene un taller automotriz, está cerca la zona de tolerancia, los establecimientos públicos de ingesta de licor y otros negocios de servicios dirigidos al parque automotor.

“Entonces de alguna manera se vuelve pordiosero recoger dinero para ayudar a cualquiera de esas personas si alguien muere. Concibo la idea de un cementerio público para Valledupar”, puntualizó.

EL VALOR DE MORIR

De acuerdo con lo consultado con José Ramírez, asesor comercial de servicios de funeraria, el costo de un sepelio puede variar dependiendo del ataúd y la necesidad del usuario.

Por ejemplo, el servicio básico que incluye un cofre, la preparación del cadáver para el funeral (tanactopraxia), el carro fúnebre, sala de velación y misa, tiene un costo de alrededor de $1.400.000, y no incluye la bóveda para el sepulcro. Lo que significa que las familias tendrían que comprar el terreno en un cementerio, que podría costar más de $10.000.000 o arrendarlo a un valor inferior.

No obstante, los ciudadanos tienen también la opción de adquirir un servicio más completo que incluiría, además de los requerimientos básicos, el alquiler de la bóveda por cuatro años. Esta opción tiene un precio que comúnmente oscila entre los $2.500.000 a $5.000.000; el precio podría ser mayor si se requiere de un ataúd específico.

Otra manera de obtener los servicios fúnebres es mediante el pago mensual de un plan o seguro exequial cuyo valor puede variar en cada empresa. Pero la póliza de exequias solamente actúa en situaciones específicas. Según el manual ‘Viva Seguro’ del programa de educación financiera de Fasecolda, si la muerte del ser querido sucede de forma violenta el seguro exequial comienza a operar de forma inmediata tras ser comprado. Contrario sucede cuando la muerte corresponde a una enfermedad.

“Si la muerte es causada por una enfermedad, que puede ser conocida o no por el asegurado usualmente aplican periodos de carencia. Es muy importante resaltar que estos períodos varían entre compañía e incluso entre pólizas de la misma compañía, por tanto se debe conocer y preguntar cuáles son los que aplican al momento de comprar el seguro. Algunos periodos de carencia aplicados”, reza el manual de Fasecolda, entidad que representa al sector asegurador del país.

El periodo de carencia significa que el seguro tras ser obtenido solo será aplicable luego de transcurrir 45 días o un año dependiendo de la enfermedad.
Además, al cumplirse los cuatro años de aniversario luctuoso, las familias deberán adquirir un osario que podría costar más de $3.000.000 para el traslado de los restos de su ser querido en el camposanto.

SEPELIO A LA ANTIGUA

El impacto financiero en el duelo es evidente. Los hogares con poco poder adquisitivo tienen que afrontar los gastos por no tener un seguro exequial y a veces acuden a la caridad de sus más allegados. Y es ese escenario el que Héctor Hernández González, desde su humilde taller, quiere cambiar con un cementerio público y el regreso de las velaciones tradicionales.

“Que se vuelva a lo antiguo, a las personas fácilmente las podían velar en las casas, cuando se hacía así el entierro era casi que patrimonio del barrio (…) Cuántos matrimonios no nacieron de esos velorios, cuántos amigos o negocios surgieron y ahora no, se individualizó por una sala de velación”, manifestó Hernández.

Pero mientras su idea toma fuerza y es impulsada con un letrero que tiene en la entrada de su taller en Kennedy, las familias más humildes tienen que conformarse por ahora con el apoyo que brinda la Alcaldía de Valledupar que es la entrega de un ataúd y la fosa.

“Las personas tienen que hacer la cancelación de la preparación del fallecido y debe cancelar el transporte hasta el cementerio”, explicó Felipe Murgas, secretario de Gobierno de Valledupar.
Agregó que el apoyo se brinda mediante un determinado monto que es agotable, por tanto, enfocan la ayuda en los más necesitados.

LA IGLESIA

El convenio mediante el cual la administración municipal brinda la ayuda se realiza con el cementerio nuevo que administra la Diócesis de Valledupar.

“Es el que puede ofrecer el precio más económico para la inhumación, es decir que el municipio a las personas con escasos recursos les proporciona la bóveda por un tiempo determinado”, acotó el sacerdote Iver de la Cruz, delegado episcopal para los cementerios diocesanos.

Reconoció, además, que en ocasiones contribuyen en el servicio con algunos hogares, pero al no ser suficiente apoya la idea de un cementerio público.

“Si el municipio no tiene un cementerio público porque no lo puede tener o no se arriesga a construirlo, creo que deberían quedar más claras las condiciones con las que estaría dispuesto a ayudar a las personas de escasos recursos, teniendo en cuenta que es un servicio público”, finalizó de la Cruz.