No hace falta ser abogado para saber que las leyes que aprueba el Congreso pueden ser declaradas inexequibles por la Corte Constitucional: bien por vicios de forma, esto es de procedimiento; bien por vicios de fondo relacionados con la materia o el asunto.
No hace falta ser abogado para saber que las leyes que aprueba el Congreso pueden ser declaradas inexequibles por la Corte Constitucional: bien por vicios de forma, esto es de procedimiento; bien por vicios de fondo relacionados con la materia o el asunto. El año pasado, año electoral, se tramitó en el Congreso de la República la Ley 2159/2021 del presupuesto general de la nación para la vigencia 2022 y, como ocurre todos los años, fue sancionada por el presidente el 12 de noviembre de 2021. Hasta ahí todo bien; no obstante, se incluyó en el texto del proyecto el artículo 124 que palabras más o palabras menos expresaba que con el propósito de promover la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones, la nación podrá celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos, la presente disposición modifica el inciso primero del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996/2005 o llamada Ley de Garantías.
Ese artículo fue demandado por ser contrario a la Constitución, ante la Corte Constitucional, y en efecto, fue declarado inexequible, con una votación de 8 contra 1, entre otras razones por vicio de forma, toda vez que una ley estatutaria como lo es la Ley 996/2005 no podía ser modificada por una ley ordinaria, como lo es la del presupuesto. Ese artículo 124 es lo que coloquialmente se denomina “un mico”.
En vigencia de la ley del presupuesto y gracias al “mico” incluido se lograron hacer contrataciones por la bicoca de 52.3 billones de pesos, pero lo complicado del asunto es que el fallo de la Corte tiene efectos retroactivos, es decir, se retrotrae en el tiempo, de tal manera que termina el vínculo contractual en la fase de preparación o ejecución de los mismos. Desde luego que el contratista de buena fe, o sea aquel que confiando en la presunción de legalidad implícita en todo acto administrativo, demandará al ente territorial por los daños y perjuicios que se deriven de la terminación del vínculo contractual.
Es vergonzoso, por decir lo menos, que hechos de esta naturaleza ocurran en una democracia, pues salta a la vista que lo que se pretende es favorecer al aspirante que hoy representa los intereses de las altas esferas del poder central, pues se pretende imponer el candidato de sus preferencias. No hay neutralidad, no hay garantías, no hay transparencia, y lo que si queda claro es que se cumple una vez más aquello que dice: “Hecha la ley, hecha la trampa”.
La frase de cierre: “El régimen necesita que la política sea sucia porque es la manera de conseguir la amplia gama de complicidades que se necesitan para mantener su predominio”, una frase de Álvaro Gómez Hurtado, abogado, político y escritor conservador.
Darío Arregocés Baute