El Cesar no vive su mejor época en relación al Medio Ambiente. Seis compañías carboníferas fueron demandadas ante la Fiscalía General de la Nación por posibles daños ambientales, y otros dos supuestos delitos, en municipios ubicados en el corredor minero del departamento.

Cuando los habitantes de municipios como La Jagua de Ibirico, El Paso, Becerril, Codazzi, entre otros protestaron en contra de la “catástrofe minera” que se veía venir para el Cesar, gobiernos locales de turno no dieron solución al tema, y las personas por estos días optaron por recurrir a entidades nacionales, que ayuden a detener una posible desaparición de las poblaciones en las que se explota carbón hace más de 15 años.

Para coadyuvar a darle tranquilidad a la población cerca a 30.000 habitantes, se implementó la Secretaría de Medio Ambiente en el departamento del Cesar.

El encargado de la cartera es Andrés Felipe Meza Araújo, quien deberá afrontar la problemática ambiental del departamento, frente al desarrollo de actividades productivas como la minería, el proyecto sobre la Ruta del Sol, ganadería extensiva, entre otros.

EL PILÓN: ¿Cómo encontró la problemática de medio ambiente para el Cesar?

Andrés Felipe Meza: Uno de los departamentos más complejos que encontré, desde el punto de vista ambiental, es el Cesar. El Departamento tiene dos millones 200 mil hectáreas, de la cuales aproximadamente el 42% se encuentran descertificadas; los suelos perdieron su capacidad de producir cualquier tipo de producto, y adicionalmente eso va con los cambios climáticos, y aquí cada vez los inviernos son más intensos. Contamos con alrededor 310.000 hectáreas, que han sido tituladas por autoridades mineras, adicionalmente encontramos bloques petroleros al sur del departamento, está la construcción de la Ruta del Sol, que será un megaproyecto que va a generar desarrollo, pero creo que en la instancia en que nos encontramos ahora de la construcción, está generando unos impactos ambientales y sociales grandes, entre otros problemas.

E.P: En éste contexto, sus explicaciones aducen que en el Cesar hay poco espacio ambiental, sano, para generar productos agrícolas que ayuden a la economía.

A.M: Claro, es que los suelos están perdiendo la capacidad para producir. El proceso de descertificación en estos momentos es inmenso, y cada vez los suelos pierden más capacidad. Adicionalmente, los suelos que tienen vocación para actividades agropecuarias, agrícolas y ganaderas, se están afectando, y estamos afectando otro tipo de suelos como Serranía del Perijá, que tiene vocación netamente forestal.

E.P: ¿Qué medidas está tomando la Secretaría de Medio Ambiente en esos temas?

A.M: La Secretaría en estos momentos, si bien es cierto, no es autoridad ambiental, pero tiene una obligación por Ley de apoyar a los alcaldes y apoyar a la autoridad ambiental en el ejercicio de la labor; inicialmente vamos a enfocarnos en ecosistemas estratégicos como la Sierra Nevada, Serranía del Perijá, Ciénaga de Zapatosa, y muchos más.

E.P: Con la llegada suya ¿qué pueden esperar los damnificados del corredor minero?

A.M: Hay que partir de que la autoridad ambientan es Corpocesar o nosotros en articulación con ellos, pero nosotros no somos las autoridades competentes de este tema; si mira a los mineros es la Agencia Nacional de Minerías; desde el punto de vista ambiental por ser proyectos que superan las 800 mil toneladas de carbón tampoco es competencia de Corpocesar, es de la Autoridad Nacional Licencias Ambientales (ANLA), ya de aquí partimos con una situación compleja. La Secretaría de Ambiente se va a convertir en el garante de que los cesarenses afectados por ese proyecto de desarrollo, gocen de un ambiente sano.

E.P: EL PILÓN presentó un informe sobre el robo de agua del río Guatapurí, y entidades como Corpocesar lo criticaron. ¿Qué puede decir al respecto?

A.M: Hicimos un recorrido por el río Guatapurí, en el que identificamos unas desviaciones, hay una duda porque unas pueden ser legales y otras ilegales. El tema de las desviaciones legales, como lo hemos aclarado, no significa que va acabar con la cantidad de agua del río. Luego de la vista con Corpocesar, se va identificar las legales cuáles tienen compuertas, que es el método para medir la cantidad de agua autorizada; la decisión sobre los desvíos perjudiciales es cerrarlos. Ese es un tema que no podemos permitir, porque el río Guatapurí debe de dolernos a todos.

Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN

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