Parece mentira, pero así es. La pregunta que responderán los votantes en las elecciones presidenciales es la que sirve de título a esta columna.

Como pocas veces en la historia de Colombia, el veredicto de los electores indicará el rumbo futuro de la nación en términos del modelo de estado y sociedad que se buscará a partir del próximo 7 de agosto.

Esto obedece a que están en juego visiones que, de ser convertidas en políticas de gobierno, nos conducirán por caminos bien distintos.

Esas miradas hacia el futuro tienen que ver con la posición de los candidatos presidenciales sobre el acuerdo Santos-Timochenko, el tamaño y papel del estado, y las herramientas para buscar el desarrollo del país.

Quienes crean que dicho convenio debe implementarse en los exactos términos de su contenido, someterán a Colombia, como consecuencia, a una era de inquietante inseguridad jurídica.

Ese sería el rumbo, toda vez que, digan lo que digan quienes defienden lo acordado, la verdad es que navegaríamos en medio de una gran incertidumbre constitucional. ¿Por qué? Pues a raíz de que nuestra carta fundamental iniciaría una etapa de falta de certeza derivada de la incorporación a la misma del mencionado acuerdo, vía el bloque de constitucionalidad.

Lo anterior significa que el texto definitivo se irá determinando poco a poco por la Corte Constitucional, cuando ese alto tribunal se pronuncie sobre las múltiples demandas que se presentarán contra las disposiciones expedidas para desarrollar lo que firmaron el jefe del estado y el comandante de la organización armada ilegal.

A nadie debe sorprender que ellas se originarán en las presuntas violaciones al estatuto del 91, o en la idea de que las normas demandadas violan el espíritu o el contenido de lo convenido en La Habana.

¿Se imaginan ustedes el escenario? La creatividad de cada quien podrá dar lugar a una gran diversidad de escenarios. No obstante, lo que resulta claro, para decirlo en forma sencilla, es que resultará muy difícil presentar un escenario de estabilidad y certeza jurídica a los potenciales inversionistas en esas condiciones.

Por el contrario, la idea de sacar el fruto de las negociaciones en Cuba de la “norma de normas”, como lo plantea Iván Duque, implicaría recuperar los necesarios elementos de certidumbre en las reglas de juego, que es fundamental para quienes deseen hacer emprendimientos empresariales en nuestro país.

De otro lado, optar por la alternativa del socialismo siglo XXI, produciría un mayor crecimiento del estado, y más impuestos. Colombia iniciaría un viaje de regreso al modelo que ya se ensayó y fracasó. Y no pocas veces, habida cuenta de que cerca de 27 países pretendieron desarrollarse bajo su sombrilla.

Quienes quisieron vivir con ese esquema tuvieron que abandonarlo, en virtud de que su aplicación produjo más pobreza, acabó con las libertades, dio vida a círculos de poder omnipotentes y corruptos, liquidó la iniciativa privada y la creatividad, acabó con la esperanza, mató las ilusiones, y dejó como legado un cuadro de desolación y frustraciones.

Para tener claro lo que esas políticas producen, es suficiente mirar lo que sucede hoy al hermano pueblo de Venezuela.

Un país que quiera apostarle al futuro, de manera ilusionante, debe dirigirse, con audacia, a crear condiciones para que la economía crezca mucho, aceleradamente, apuntándole a la incorporación real de Colombia al mundo contemporáneo, con todos sus desafíos y oportunidades. No hay otro camino.

Esa tiene que ser la visión, a fin de tener buena política social, construir equidad y generar empleos. Por fortuna, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez quieren conducir esta nación, que merece un futuro mejor, por ese sendero. Hacia adelante, entonces, no hacia atrás.