En la Ley 141 de 1994 (Ley de regalías) y la Ley 756 de 2002, se observaban desventajas económicas para los municipios y departamentos productores de carbón, especialmente con el mal llamado Escalonamiento de Regalías, donde a los departamento del Cesar y La Guajira se les descontaron miles de millones de pesos para ser invertidos en otros departamentos de la Región Caribe en la ejecución de obras públicas. No obstante, el Estado colombiano inconforme con el manejo que se le venía dando a estos recursos por los entes territoriales beneficiarios de las regalías directas, encontró allí la mejor excusa para plantear una reforma y expidió el Acto Legislativo 05 de 2011, mediante el cual se constituye el Sistema General de Regalías y se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, y el Decreto Ley 4923 de 2011; siendo este último Acto mucho más injusto, lesivo, inequitativo y nocivo para dichos municipios y departamentos productores, en cuanto a la distribución de los recursos de regalías y compensaciones.

Así las cosas, se dejó de lado el concepto de equidad, desarrollo humano y desarrollo sostenible en el área de influencia directa de los proyectos de explotación minera y de hidrocarburos, área donde se reciben todos los impactos y externalidades negativas (ambientales, sociales, económicas y culturales); lo cual es motivo para analizar, ya que a mayores daños ambientales, sociales, culturales y económicos, por supuesto que mayores deberían ser los ingresos para su compensación y mitigación, es decir, que los ingresos deben ser directamente proporcional a los impactos o externalidades negativas que se generen en el área de influencia de dichos proyectos, entendiéndose por externalidades negativas, aquellos impactos que realiza una persona o empresa, pero que esta no asume todos los costos y traspasa a otros actores algunos de sus costos, que en el caso de la explotación minera en el departamento del Cesar, los traslada especialmente a los habitantes de los municipios de La Jagua de Ibírico, Becerril, Chiriguaná, El Paso y Codazzi.

Lo anterior se trae a colación, debido a que en el pasado 3 de abril, el gobierno nacional radicó el proyecto mediante el cual se reforma el Sistema General de Regalías y que ya avanzó en el segundo debate en la Cámara de Representantes, el cual busca entre otras, incrementar los ingresos de los municipios y departamentos productores de minerales e hidrocarburos, como es el caso de La Guajira y el Cesar, entes territoriales que de aprobarse dicho proyecto de reforma del acto legislativo podrían recepcionar entre el 30% y el 50% del total de los ingresos del Sistema General de Regalías; con lo que retorna la esperanza para disminuir el pasivo social, económico e incluso cultural de los territorios que hacen parte del área de influencia directa de las explotaciones de recursos naturales no renovables.

Para finalizar quiero dejar un interrogante, en especial para los congresistas y dirigentes del departamento del Cesar: ¿Será que con el proyecto de acto legislativo para la reforma del Sistema General de Regalías y en los porcentajes planteados, se alcanza a subsanar la inequidad y e insostenibilidad de los entes territoriales productores de carbón y de sus habitantes?