Hoy la Universidad Popular del Cesar está en el ojo del huracán por las 15 órdenes de captura expedidas en contra igual número de personas vinculadas a la institución (estudiantes, egresados y una funcionaria), que estarían inmersas en los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público porque habrían falsificado certificaciones, alterado actas […]
Hoy la Universidad Popular del Cesar está en el ojo del huracán por las 15 órdenes de captura expedidas en contra igual número de personas vinculadas a la institución (estudiantes, egresados y una funcionaria), que estarían inmersas en los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público porque habrían falsificado certificaciones, alterado actas de seminarios y preparatorios de grado para favorecer a por lo menos 28 futuros abogados.
Este escándalo se asemeja al que recientemente ocurrió en Santa Marta, donde jóvenes becados por el programa ‘Ser Pilo Paga’ suplantaron a aspirantes al programa de Medicina de la Universidad del Magdalena.
Sin embargo, aquí señalamos que las personas implicadas en el caso, denominado ‘Grados express’, todavía gozan de la presunción de inocencia y será en los estrados judiciales en donde la Fiscalía General de la Nación deberá demostrar su teoría del caso. De ser declarados culpables, tampoco se puede juzgar a justos por pecadores, no puede estigmatizarse a los 3.700 egresados y 2.800 estudiantes que tiene el programa de Derecho de la UPC.
No debemos olvidar que excelentes profesionales del Derecho y otras áreas del conocimiento nos ha dado la principal universidad pública del departamento, que se destacan por su trabajo honorable en los sectores públicos y privados.
Sabemos que la corrupción no tiene límites y toca todas las esferas sociales. La UPC seguramente tiene personas que no hacen valer la honorabilidad de sus cargos, pero hay que destacar que la investigación en mención surgió por iniciativa de la misma institución, que al detectar las irregularidades en los documentos de grado de 28 estudiantes puso la situación en conocimiento de la Fiscalía.
El decano de la facultad, Rober Romero Ramírez, quien asumió el cargo en octubre del año pasado, valerosamente se apersonó del caso que no había trascendido de lo disciplinario en el control interno y lo llevó a lo penal.
Sabiendo que iba a ser inevitable la oleada de críticas en contra del alma mater, es destacable que se haya tomado esa decisión para ponerle coto a la situación anómala que podría estar presentándose desde hace algún tiempo todavía no determinado, y así dar una lección al estudiantado y administrativos: ser pillo no paga.
Hay que rodear la universidad, para ello exhortamos a los estudiantes, a los egresados, profesores y comunidad en general; de igual forma pedimos a la institucionalidad, a los organismos de control a promover que los procesos allí se desarrollen de la forma más transparente posible, a prevenir y sancionar las irregularidades.
No olvidemos que en este plantel se están formando más de 14 mil profesionales en 18 programadas de 6 facultades, quienes seguramente dirigirán el futuro económico, social y político de la región. Por lo tanto, lo que ocurra en la Universidad Popular del Cesar debe incumbirnos a todos.
Hoy la Universidad Popular del Cesar está en el ojo del huracán por las 15 órdenes de captura expedidas en contra igual número de personas vinculadas a la institución (estudiantes, egresados y una funcionaria), que estarían inmersas en los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público porque habrían falsificado certificaciones, alterado actas […]
Hoy la Universidad Popular del Cesar está en el ojo del huracán por las 15 órdenes de captura expedidas en contra igual número de personas vinculadas a la institución (estudiantes, egresados y una funcionaria), que estarían inmersas en los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público porque habrían falsificado certificaciones, alterado actas de seminarios y preparatorios de grado para favorecer a por lo menos 28 futuros abogados.
Este escándalo se asemeja al que recientemente ocurrió en Santa Marta, donde jóvenes becados por el programa ‘Ser Pilo Paga’ suplantaron a aspirantes al programa de Medicina de la Universidad del Magdalena.
Sin embargo, aquí señalamos que las personas implicadas en el caso, denominado ‘Grados express’, todavía gozan de la presunción de inocencia y será en los estrados judiciales en donde la Fiscalía General de la Nación deberá demostrar su teoría del caso. De ser declarados culpables, tampoco se puede juzgar a justos por pecadores, no puede estigmatizarse a los 3.700 egresados y 2.800 estudiantes que tiene el programa de Derecho de la UPC.
No debemos olvidar que excelentes profesionales del Derecho y otras áreas del conocimiento nos ha dado la principal universidad pública del departamento, que se destacan por su trabajo honorable en los sectores públicos y privados.
Sabemos que la corrupción no tiene límites y toca todas las esferas sociales. La UPC seguramente tiene personas que no hacen valer la honorabilidad de sus cargos, pero hay que destacar que la investigación en mención surgió por iniciativa de la misma institución, que al detectar las irregularidades en los documentos de grado de 28 estudiantes puso la situación en conocimiento de la Fiscalía.
El decano de la facultad, Rober Romero Ramírez, quien asumió el cargo en octubre del año pasado, valerosamente se apersonó del caso que no había trascendido de lo disciplinario en el control interno y lo llevó a lo penal.
Sabiendo que iba a ser inevitable la oleada de críticas en contra del alma mater, es destacable que se haya tomado esa decisión para ponerle coto a la situación anómala que podría estar presentándose desde hace algún tiempo todavía no determinado, y así dar una lección al estudiantado y administrativos: ser pillo no paga.
Hay que rodear la universidad, para ello exhortamos a los estudiantes, a los egresados, profesores y comunidad en general; de igual forma pedimos a la institucionalidad, a los organismos de control a promover que los procesos allí se desarrollen de la forma más transparente posible, a prevenir y sancionar las irregularidades.
No olvidemos que en este plantel se están formando más de 14 mil profesionales en 18 programadas de 6 facultades, quienes seguramente dirigirán el futuro económico, social y político de la región. Por lo tanto, lo que ocurra en la Universidad Popular del Cesar debe incumbirnos a todos.