A través del Decreto 1276 del 31 de julio de este año, el Ministerio de Minas y Energía autorizó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)  establecer un régimen tarifario especial y diferencial de carácter transitorio para el servicio público domiciliario de energía eléctrica en el departamento de La Guajira. 

“Para la definición de este esquema tarifario especial y diferencial para la prestación del servicio, deberá tenerse como criterio principal la vulnerabilidad de las áreas que por sus condiciones especiales tienen necesidades de atención de demanda inmediata de energía eléctrica”, se lee en el documento firmado por el gabinete ministerial. 

De acuerdo con el Gobierno nacional, la medida es adoptada para ampliar el acceso al servicio de energía y preservar los medios de subsistencia de la población a través del rescate de la transición energética, “con la finalidad de superar la crisis humanitaria y el estado de cosas inconstitucionales o evitar la extensión de sus efectos” en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento vecino. 

Así las cosas, el Ministerio de Minas y Energía con el apoyo de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y  el Instituto de Planeación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas (IPSE) tendrá que identificar e informar  a la CREG sobre las áreas con condiciones especiales de vulnerabilidad en el departamento de la Guajira que tengan necesidades de atención de demanda inmediata de energía eléctrica. 

FINANCIACIÓN

Con el fin de contar con recursos para la energización del área rural y no interconectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN) en el departamento de La Guajira, será incluirá en todas las facturas del servicio en el resto territorio nacional un valor denominado “Aporte departamento de La Guajira” de $1.000 por factura, pago que será obligatorio para los usuarios de estratos 4, 5 y 6, mientras que para los usuarios comerciales e industriales será de $5.000 por factura.

JUSTIFICACIÓN

Uno de los argumentos del Gobierno nacional es que en La Guajira hay por lo menos 78.371 viviendas sin este servicio que según las autoridades indígenas wayuu es un derecho fundamental. 

Estudios citados por el Minenergía indican que Uribia y Manaure son los municipios del país que requieren mayor inversión en soluciones de energía aislada. Otra razón para que los guajiros paguen de acuerdo a sus condiciones son los altos índices de pobreza monetaria y pobreza extrema.