Este lunes 25 de noviembre, el Gobierno del Cesar solicitó a la Asamblea Departamental el retiro del proyecto de acuerdo que buscaba crear una tasa especial para financiar el Fondo de Seguridad, polémica propuesta que pasó el primer debate, pero fue rechazada por la ciudadanía y el gremio de comerciantes. El objetivo de la administración era que los ciudadanos de los estratos 4, 5 y 6 tuvieran que pagar un 9 % más en el recibo de la energía eléctrica, mientras que los usuarios comerciales e industriales un 10 %. Es decir, si un comerciante pagaba $2 millones de energía cada mes, con el impuesto habría tenido que cancelar $2.200.000 desde el primero de enero de 2025.

La Secretaría de Gobierno, en cabeza de Eduardo Esquivel, seccional encargada de presentar y retirar el proyecto, argumentaba que la razón de ser y el pilar fundamental para la creación de la denominada ‘Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana’ era obtener recaudos que ayudaran “a construir y mantener las condiciones necesarias para la seguridad de los habitantes”.

Sin embargo, desde la Federación de Comerciantes (Fenalco), la Unión de Tenderos y Pequeños Comerciantes, la Cámara de la Construcción (Camacol), el Comité Agropecuario del Cesar y otras organizaciones manifestaron, en un debate en el Concejo de Valledupar, que dicho impuesto sería un golpe para el sector, el cual conllevaría a la quiebra de muchos negocios, sobre todo en la capital.

Así las cosas, fue cancelada la socialización del proyecto, programada para este martes 26 de noviembre a las 2 p. m., en el recinto de la Asamblea, donde se esperaba la participación de líderes sociales, gremios y empresarios.

Noticia en desarrollo…