Desde la Comisión Quinta del Senado de la República, el Ministerio de Minas y Energía junto con los senadores, representantes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la CREG y empresas prestadoras del servicio buscan una alternativa para bajar las tarifas de energía eléctrica en el país,  especialmente en la Costa Caribe. 

El senador José David Name Cardozo, en el marco del debate de control político, manifestó que para el caso de la Costa Atlántica las alzas de las tarifas contienen unos componentes diferenciadores del resto del país, que aumentan la crisis económica de los usuarios del servicio de energía que prestan los operadores de A-ire y Afinia. 

De acuerdo con Name Cardozo, estos “componentes adicionales” corresponden a unas resoluciones de la CREG que le permitieron a los distribuidores de Afinia y A-ire cobrar las pérdidas técnicas y “sucias”, que consisten en el robo de energía en la Costa Caribe, solidariamente a todos los usuarios. 

“Cuando la gente se roba la luz (que no son todos), esa pérdida se la cobran solidariamente al que paga honestamente la luz. ¿Cómo es posible que castiguen al que paga la luz?, en qué democracia se ha visto, por eso tenemos esa diferencia económicamente en las familias del Caribe colombiano con el resto del país”, dijo el senador Name Cardozo. 

Por su parte, el senador Miguel Ángel Barreto cuestionó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre si están cumpliendo con las funciones de inspección, vigilancia y control a las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas.

“¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Servicios Públicos en Colombia? Esto se volvió un juego en el país. Tanto la Superservicios como la CREG tienen un jueguito para defender intereses de privados”, añadió Barreto.  

El senador instó al Gobierno nacional dar cumplimiento a Ley 142 de 1994 que cita: “Las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente, ni permitir que las empresas se apropien de las utilidades provenientes de prácticas restrictivas de la competencia”, asimismo “no se permitirán alzas destinadas a recuperar pérdidas patrimoniales”. 

Entre tanto, el senador Marcos Daniel Pineda García propuso revisar cada uno de los eslabones que comprende la tarifa de energía de la Costa Caribe: generación, transmisión, distribución, comercialización, restricción y pérdidas. 

El parlamentario cuestionó la reducción en el porcentaje de pérdidas en la tarifa del 17.29% al 9%. “Me parece una gran injusticia social que las pérdidas se les trasladen al usuario. Las pérdidas al final tiene que ser la eficiencia de la prestación del servicio por parte del distribuidor, comercializador o del operador de energía pero no del usuario”, resaltó el senador. 

Pineda Garcia pidió además derogar el Régimen Especial Transitorio aprobado para Afinia y A-ire, contenido en las resoluciones de la CREG 070, 010 y 188 de 2020.  

A su turno, el senador cesarense Didier Lobo aclaró que aunque el problema del aumento de las tarifas de energía es transversal a todas las regiones del país, el costo unitario de prestación del servicio en la Costa (A-ire y Afinia) así como la tarifa final que se le cobra a los usuarios, sigue siendo la más alta del país.  

IMPACTO TARIFAS EN LA COSTA 

Ante esta situación, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres indicó que para el caso de la Costa Caribe, existe un elemento adicional que afecta la tarifa en mayor proporción que en el resto del país que corresponde a las pérdidas, las cuales representan el 28% del costo de prestación del servicio, cambiando la proporción de los elementos de la cadena que más impactan las tarifas en esa región.

“Si bien estas variables cambian mes a mes, tanto por cambios en los precios de compra de la energía (en contratos y en la bolsa de energía), cambios en el cálculo de algunos componentes, las situaciones operativas del sistema que llevan a costos que se trasladan a la tarifa, y también la forma en que se actualizan los precios, en los últimos cinco semestres se ha incrementado la tarifa un 43%, es decir, el costo de prestación del servicio en julio de 2022 fue en promedio país de 814,08 COP/kWh”, destacó Vélez.

Por último, la Ministra dijo que en 2020 incrementó el valor de la energía con respecto al 2019 en 7,8%, luego, para el año 2021 el incremento fue de 13,9% y, gravemente, en lo que va del año, el incremento ha sido ya del 14,6%. “Si seguimos así se podría llegar a los 1.000 pesos por kilovatio/hora, teniendo el doble del incremento porcentual del año anterior. Esta situación es insostenible y hay que pararla ya”, concluyó Vélez.

KAREN LILIANA PÉREZ / EL PILÓN 

@karenperezcol