Luis Napoleón de Armas P

El año entrante estrenaremos gobierno en departamentos y municipios; muchas serán las caras nuevas, pero algunos lagartos seguirán atornillados a la chequera oficial; ojalá el estilo de gobierno y las semblanzas  de sus equipos sean diferentes. Nos urge establecer una línea divisoria que separe el ayer del mañana. Es común ver como muchos mandatarios entran a administrar la cosa pública sin tener claridad acerca de su misión y eso es como disparar en la oscuridad. El primer año suele ser de aprendizaje, pero lo que más rápido asimilan es como contratar el presupuesto de inversión a favor de una banda de compinches que le reditúa al mandatario un alto porcentaje de los contratos. La descentralización administrativa fue concebida para que el ordenador del gasto social público estuviera más cerca de los ciudadanos, y conociera más sus problemas. Esa es la esencia del Estado Social de Derecho, estar subordinado a la ciudadanía. Antes de la Carta del 91, era al revés; esa es la diferencia entre Estado Social de Derecho y Estado de Derecho. El artículo 41 del Estatuto de Presupuesto dice que el Gasto Social Público debe orientarse a solucionar los NBI en salud, educación, agua potable, medio ambiente, vivienda, y, al mejoramiento de la calidad de vida de la población. El DANE tiene establecidos los indicadores para cada uno de los sectores sobre los cuales han de actuar gobernadores y alcaldes. En salud, los mandatarios regionales y locales deben establecer vigilancia epidemiológica y para hacerlo tendrán que medir los niveles de morbilidad, mortalidad, factores de riesgo y participación social, entre otros. En obras públicas, las inversiones deben concentrarse en vías, infraestructura energética y servicios básicos a las comunidades; en servicios públicos, las preocupaciones deben girar alrededor del agua, el aseo, la energía y el gas domiciliario; en educación, deben hacerle seguimiento a ciertos fenómenos como el analfabetismo, tasas de escolaridad,  deserción escolar,  repitencias y promoción, etc. En el área de gobierno, deben estar atentos a los problemas de las minorías étnicas, de los adultos mayores, de la infancia y la juventud; a la discapacidad y al desplazamiento. Hacienda Pública es un ítem vital para el gobernante; la vigilancia sobre los ingresos, los gastos y la capacidad de endeudamiento, exigen un control minucioso. Por supuesto, deben establecerse metas de cumplimiento para las cuales debe existir información creíble. Por lo general, los gobernantes descentralizados se encuentran parados en una ínsula por no disponer de estadísticas que los soporten en su accionar de gobierno. Toda gestión debe tener unos indicadores de comparación, ya sean nacionales, regionales o municipales, según el caso, para retratarse en ellos y poder decir, estamos por encima o por debajo de la media, y de esa manera, estimar que esfuerzos se deben hacer para avanzar. En estos momentos, los referentes más utilizados son las metas del milenio para el 2015, establecidas por la ONU, y cada país establece las suyas propias, acorde con las universales de la ONU. Algunas de estas metas, para Colombia son: 1) Analfabetismo: reducirlo al 1% en personas que tengan entre 15 y 24 años. 2) Cobertura bruta en educación: 100% para preescolar, básica primaria y secundaria, y 93% para educación media. 3) Escolaridad: alcanzar 10.6 años para la población de 15 a 24 años. 4) Repitencia: disminuirla al 2.3% en educación básica y media. Se ha establecido que la inversión pública en educación tiene un alto rendimiento económico individual y social. Dicen que es uno de los activos en economía que tiene la más baja tasa de depreciación en el largo plazo. La pregunta es: ¿Tendrán los nuevos mandatarios las estadísticas básicas para hacer las primeras valoraciones? ¿Contarán con el equipo ideal?
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