Ante la Procuraduría Regional de La Guajira, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, fue radicada, el pasado martes, una denuncia formal contra la gobernadora encargada Sugeila Oñate Rosado, por presuntas irregularidades al iniciar el proceso de contratación.

El documento, que también fue radicado en el despacho de la mandataria de los guajiros se le advierte que ha iniciado procesos de contratación estatal sin el lleno de los requisitos legales.

Según los denunciantes, las presuntas irregularidades se detectaron en los procesos licitatorios realizados en esta administración, que en menos de un mes se ha colgado al Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop, cerca de 15 licitaciones con presuntas irregularidades, cuyo valor global asciende a más de 60 mil millones de pesos, en un tiempo récord y cuyos requisitos son difíciles de cumplir; dado que según una certificación de la Secretaría General, los términos de la licitación no fueron publicados en una gaceta, como lo ordena la ley.

“En esas circunstancias, el proponente es casi escogido a dedo, expresó el abogado Luis Mercado; porque en muchos casos se exigen requisitos que no tienen nada que ver con el objeto, por lo que se ha pedido revocatoria directa de esas licitaciones”.

Según la denuncia, en la Gobernación se está dando un proceso de licitación “express” donde la mayoría de los cronogramas a desarrollar están desfasados; debido a que se han incluido días festivos, inclusive los días de Semana Santa, para agotar los términos de la licitación pública, tratando de insinuar que se cumplen los mismos, del Decreto 1510 del 2013, inclusive los mandatos de la ley 1150 de Contratación Estatal.

En el documento que reposa en la Procuraduría, se advierte que de insistir en llevar a cabo las contrataciones, sería un hecho doloso, debido a que se le está informando y advirtiendo de las graves irregularidades disciplinarias, penales y fiscales, en que incurriría.

Alegatos de la Gobernadora

La mandataria departamental alega, a través de un comunicado a la opinión pública, que su administración, para hacer las licitaciones, solicitó un acompañamiento a la Procuraduría General de La Nación, con el fin de atender de manera estricta los principios que rigen dicha actividad y en especial el de transparencia; en tal sentido, dice el comunicado, es de entenderse que La Gobernadora de La Guajira no tiene más interés, en que el departamento de La Guajira se fortalezca con el desarrollo de las obras de importancia y si en el transcurso del ejercicio de la actividad contractual se encontrara necesario suspender, revocar o descartar procesos de contratación, tal se hará con la única convicción de dar aplicación estricta a la ley”.

Aclara que es necesario precisar que, la información suministrada de manera desafortunada con relación a la presunta falta de publicación en la gaceta departamental de la ordenanza No. 369 de 2014, por medio de la cual se otorgaron facultades de contratación a la Gobernadora designada de La Guajira, entregada por el secretario general Alfredo Ospino, resulta errónea toda vez que dicho acto se encuentra contemplado en la Gaceta Departamental No. 136 del 25 de marzo de 2014.

“Quiero presentar una información ajustada a la verdad, y la tranquilidad de que todos los procesos administrativos que se desarrollan en esta administración son motivados por el deseo de atender las necesidades prioritarias de los guajiros en primer término y de aprovechar los recursos que dispone la Nación para mejorar la infraestructura de nuestro departamento, y que estaban a punto de perderse, por negligencia administrativa”, expresó la Gobernadora encargada.

Por: Jesús Eduardo Ariño Fragozo

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