La evidente división entre el gobernador Luis Alberto Monsalvo y el alcalde de Valledupar Mello Castro, ha provocado una fractura de ideales que tenía la ciudadanía sobre ellos.

Este binomio, que se creía sólido, del cual hasta se rumoraba en los pasillos, de un matrimonio entre las familias, duró menos de lo que canta un gallo.

Esta ruptura administrativa no le hace bien al Cesar y mucho menos al municipio, porque ambos son una especie de “luz” para cada pueblo del departamento.

Mis consejeros periodísticos Tíochiro y Tíonan, sostienen que la discordia es por intereses políticos y de contratación, porque en el camino se habla que Monsalvo y el Mello querían imponer sus voluntades, lo que prendió la desconfianza entre ellos.

Otros contemplan el rompimiento en supuestas influencias del congresista Ape Cuello en contra del alcalde y, el resurgimiento de una rivalidad política del también congresista José Alfredo Gnecco con el gobernador. En fin, se habla en los corrillos que le están moviendo la candidatura a la gobernación a José Alfredo y a Ape Cuello, mientras que el senador Didier Lobo pretende poner candidato.

Por lo tanto, ese desacuerdo entre Monsalvo y Castro, derrumba la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre lo fundamental en la región. Cada quien, por su lado, como dando birondas. Mientras tanto, gobernador y alcalde, alteran el curso normal para desarrollar actividades de inclusión, obras, servicios y bienestar para los conglomerados.

La ausencia de los gobernantes para trabajar de manera conjunta provoca incertidumbre entre los ciudadanos y deja visible que la libertad política está secuestrada por los partidos, eso contradice el tenor de democracia.

Esa partición temeraria también provoca inestabilidad entre todos los conglomerados sociales, económicos y políticos, hasta religiosos.

Igual, afecta a entidades como la Universidad Popular del Cesar; perturba la iniciativa por regresar al trabajo unido contra la pandemia y definir eventos conjuntos por el bien de la gente.

Un ejemplo es la UPC. El gobierno nacional acaba de aprobar $97.500 millones para distribuir entre 569 mil estudiantes de las IES públicas, para las matrículas de los estratos 1 y 2. El Men ya le asignó a la UPC $2.641.877.685.

Sin embargo, por la “pelotera”, alcalde y gobernador no se ponen de acuerdo -dicen que ni se miran- porque el departamento y el municipio deberían aportar más de $10 mil millones para las matrículas de los casi 20 mil estudiantes de la UPC.

Los directivos de la UPC están mudos, sordos, sobre su participación para que la matrícula sea gratuita o reducida, como está ocurriendo en otras universidades del país. Hay que racionalizar y reducir los gastos, viáticos y contrataciones innecesarias.  Hay que pensar más en los jóvenes y las familias sacrificadas por la pandemia, ese dinero debe ser solo para matrículas del semestre 2020-2, cada estudiante debe beneficiarse del mismo.

Les corresponde a los 5 miembros del Consejo Superior que están vigente, y a la rectora Darling Guevara, retomar el timón para solucionar el problema de la matrícula, no más mezquindades.

Alguien debe liderar esta tarea y les corresponde a los directivos de la UPC. Buscar acercamientos con el gobernador, alcalde y gobierno nacional. Se deben deponer los intereses políticos, porque el interés general debe primar sobre los intereses de partidos, porque el egoísmo político no genera progreso. Deberá regresar la armonía entre gobernantes por el bienestar de los muchachos (as) de la UPC y la región. Hasta la próxima semana. [email protected]  @tiochiro.