Luego de la publicación, en la edición del martes, de las diferencias diplomáticas entre la Universidad Nacional de Colombia y la Gobernación del Cesar, por quién contratará la fase II de la sede La Paz, surgieron muchos comentarios en redes sociales, casi todos en favor de que sea la institución de educación superior la que […]
Luego de la publicación, en la edición del martes, de las diferencias diplomáticas entre la Universidad Nacional de Colombia y la Gobernación del Cesar, por quién contratará la fase II de la sede La Paz, surgieron muchos comentarios en redes sociales, casi todos en favor de que sea la institución de educación superior la que contrate la obra que tiene un valor total de $80.000 millones.
Aunque algunos comentarios tenían un trasfondo político, es claro el descontento de la ciudadanía con las formas en la que se ha venido celebrando la contratación pública en el Cesar. No solo en la Gobernación, sino en los 25 municipios del departamento.
Contratación manchada por cuestionamientos, obras con adiciones casi del 50 % del valor inicial, nunca terminadas, o cuando las terminan los materiales no tienen la calidad suficiente.
Todos estos señalamientos han caído sobre la Gobernación del Cesar. El CDT pesquero después de 7 años no ha sido terminado y al contrato inicial se le agregaron $10.000 millones de pesos. Algo cuestionable. El proyecto tiene más de 10 prórrogas y adiciones, anotando que debía ser entregado en la última reprogramación en 2020, pero a la fecha la obra no ha sido concluida y está lejos de ser puesta a disposición del departamento. Podemos agregar los casos del Estadio Armando Maestre, nunca terminado, y la Universidad Nacional, la primera fase, terminada 5 años después de lo planteado.
Se ha interpretado que la Universidad Nacional habría dado a entender que la primera fase, contratada en el primer gobierno de Luis Alberto Monsalvo, casi se convierte en un elefante blanco. “Para otorgar su aval, el Consejo Superior Universitario CSU exigió la construcción de la matriz de riesgos de este proyecto, en la que se tuvo en cuenta el histórico de la ejecución del proyecto de la Fase I de la Sede La Paz y el informe de Contraloría General de la Nación sobre este. Así que, para minimizar los riesgos, es preciso que se acceda a nuestra solicitud, y que la ejecución del proyecto en mención esté en cabeza de la Universidad Nacional de Colombia”.
Lo anterior, sumado a los argumentos expuestos por la institución, permitieron a muchos tomar posición en el debate sobre quién debe contratar esos recursos. Un argumento es que el CSU dio aval para la presentación del proyecto ante el DNP en el entendido de que la entidad ejecutora sería la Universidad Nacional. “Por provenir de la máxima autoridad universitaria, este aval constituye un mandato que no puede ser desconocido ni modificado por otra autoridad universitaria, y por tanto la sede de La Paz no tendría la potestad para la presentación del proyecto al DNP si la entidad ejecutora no es la misma Universidad Nacional de Colombia”, dice la Universidad.
Frente a eso se deben sentar las partes sin prevenciones y superar con argumentos y buen entendimiento el ‘impasse’ presentado, siempre en el bien del departamento, que es lo que anima en el fondo a la Gobernación (que recordamos, está poniendo $24.000 millones) y a la Universidad, en desarrollo del Pacto Territorial Cesar- Guajira.
Luego de la publicación, en la edición del martes, de las diferencias diplomáticas entre la Universidad Nacional de Colombia y la Gobernación del Cesar, por quién contratará la fase II de la sede La Paz, surgieron muchos comentarios en redes sociales, casi todos en favor de que sea la institución de educación superior la que […]
Luego de la publicación, en la edición del martes, de las diferencias diplomáticas entre la Universidad Nacional de Colombia y la Gobernación del Cesar, por quién contratará la fase II de la sede La Paz, surgieron muchos comentarios en redes sociales, casi todos en favor de que sea la institución de educación superior la que contrate la obra que tiene un valor total de $80.000 millones.
Aunque algunos comentarios tenían un trasfondo político, es claro el descontento de la ciudadanía con las formas en la que se ha venido celebrando la contratación pública en el Cesar. No solo en la Gobernación, sino en los 25 municipios del departamento.
Contratación manchada por cuestionamientos, obras con adiciones casi del 50 % del valor inicial, nunca terminadas, o cuando las terminan los materiales no tienen la calidad suficiente.
Todos estos señalamientos han caído sobre la Gobernación del Cesar. El CDT pesquero después de 7 años no ha sido terminado y al contrato inicial se le agregaron $10.000 millones de pesos. Algo cuestionable. El proyecto tiene más de 10 prórrogas y adiciones, anotando que debía ser entregado en la última reprogramación en 2020, pero a la fecha la obra no ha sido concluida y está lejos de ser puesta a disposición del departamento. Podemos agregar los casos del Estadio Armando Maestre, nunca terminado, y la Universidad Nacional, la primera fase, terminada 5 años después de lo planteado.
Se ha interpretado que la Universidad Nacional habría dado a entender que la primera fase, contratada en el primer gobierno de Luis Alberto Monsalvo, casi se convierte en un elefante blanco. “Para otorgar su aval, el Consejo Superior Universitario CSU exigió la construcción de la matriz de riesgos de este proyecto, en la que se tuvo en cuenta el histórico de la ejecución del proyecto de la Fase I de la Sede La Paz y el informe de Contraloría General de la Nación sobre este. Así que, para minimizar los riesgos, es preciso que se acceda a nuestra solicitud, y que la ejecución del proyecto en mención esté en cabeza de la Universidad Nacional de Colombia”.
Lo anterior, sumado a los argumentos expuestos por la institución, permitieron a muchos tomar posición en el debate sobre quién debe contratar esos recursos. Un argumento es que el CSU dio aval para la presentación del proyecto ante el DNP en el entendido de que la entidad ejecutora sería la Universidad Nacional. “Por provenir de la máxima autoridad universitaria, este aval constituye un mandato que no puede ser desconocido ni modificado por otra autoridad universitaria, y por tanto la sede de La Paz no tendría la potestad para la presentación del proyecto al DNP si la entidad ejecutora no es la misma Universidad Nacional de Colombia”, dice la Universidad.
Frente a eso se deben sentar las partes sin prevenciones y superar con argumentos y buen entendimiento el ‘impasse’ presentado, siempre en el bien del departamento, que es lo que anima en el fondo a la Gobernación (que recordamos, está poniendo $24.000 millones) y a la Universidad, en desarrollo del Pacto Territorial Cesar- Guajira.