La noticia de que mediante la fuerza el Gobierno venezolano pretende controlar los precios de los electrodomésticos, estrategia para lo cual judicializó el fin de semana a varios gerentes de almacenes de cadena por cargos de usura, acaparamiento y especulación, solo pone de presente la creciente gravedad de la situación económica del vecino país y el posible inicio de un despeñadero hacia el caos social.
De producirse ese escenario, el trasvase de las tensiones sociales al terreno político pondrá en entredicho la estabilidad del régimen y la misma continuidad del proyecto nacionalista y socializante del chavismo piloteado por el presidente Nicolás Maduro, una situación frente a la cual esta región fronteriza debe mantenerse vigilante dada su vulnerabilidad a los cambios en la economía venezolana.
Solo bajo ese contexto es posible entender, entonces, las especulaciones que inundan los círculos financieros y diplomáticos de Caracas sobre la posibilidad de que la desesperada situación del vecino país conlleve a soluciones radicales que incluirían la dolarización de la economía venezolana, una medida encaminada a frenar la fuga diaria de capitales producida por una zozobra cambiaria que hoy hace impensable la programación de cualquier inversión privada.
