Santa Marta es uno de los destinos favoritos de los cesarenses en los puentes de marzo y la Semana Santa, vive hoy una guerra silenciosa en la que el turismo se convirtió en botín de grupos armados ilegales. Cada año poco más de un millón de visitantes llega a la ciudad, pero detrás de la postal de playas y hoteles opera un sistema de cobros extorsivos que atraviesa buena parte de la economía local y que ya está alimentando combates en la Sierra Nevada.
Investigadores de Colombia+20 de El Espectador estiman que hasta el 95% de la extorsión ligada al turismo está bajo control de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), herederas del paramilitarismo de Hernán Giraldo, con presencia en Magdalena, La Guajira y también en el norte del Cesar. Esa renta criminal —difícil de cuantificar por la falta de denuncias y la presencia de pequeñas bandas que se hacen pasar por las ACSN— es hoy el principal botín en disputa del Clan del Golfo, lo que ha intensificado los enfrentamientos en la parte alta de Aracataca y otros puntos de la Sierra.
Cómo termina pagando el turista
Desde que un viajero sale del aeropuerto Simón Bolívar o del terminal de transporte de Santa Marta, empieza, sin saberlo, a aportar al negocio de la extorsión. Los cobros se cuelan en casi todos los servicios: transporte en bus, taxi, vans turísticas y mototaxis; hospedaje en hoteles y hostales; alquiler de motos acuáticas; compra de artesanías; y excursiones a destinos como Minca, Palomino, Taganga, Bahía Concha o el parque Tayrona.
