Detrás de la firma del Decreto 0514 de 2026, que el Gobierno nacional presenta como un avance histórico para proteger la Línea Negra de la Sierra Nevada, se abrió una grieta con un actor clave en La Guajira: un sector del pueblo wayuu denuncia que la consulta previa fue protocolizada “sin acuerdo” y que el trazado del territorio sagrado de los pueblos de la Sierra se montó sobre su propia autonomía territorial.
“Fuimos simples convidados de piedra”
El documento que recoge esta inconformidad fue elaborado por Aníbal Mercado, director del Consejo Superior de Palabreros, a partir del resumen oficial del proceso de consulta previa con el pueblo wayuu sobre la Línea Negra. Allí relata que la Secretaría de Asuntos Indígenas de La Guajira dejó constancia ante la Dirección de Consulta Previa del “desacuerdo del pueblo Wayuu sobre los trazados para la aprobación de la Línea Negra”, y advirtió que el procedimiento estaba “cuestionado” por la forma como se adelantó.
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Según ese análisis, la consulta reunió a unas 800 personas entre autoridades tradicionales y liderazgos wayuu en tres municipios: Uribia, Dibulla y Riohacha. “Lo cual otorga al desacuerdo una densidad política, cultural y jurídica que no puede ser minimizada”, resalta el texto, que insiste en que no se trató de la postura de “un grupo reducido o interlocutores aislados”, sino de una posición articulada en un espacio de participación masiva.
“El pueblo wayuu fue un simple convidado de piedra”, afirma Mercado, al señalar que sus reparos quedaron vedados por “la avalancha de criterios jurídicos y ancestrales de los cuatro pueblos de la Sierra”. A su juicio, mientras los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo defendían sus legados, se desconocían “de manera tajante los caracteres, principios y sitios sagrados del pueblo Wayuu”, cuyo propio ordenamiento territorial también es sagrado y protegido por el bloque de constitucionalidad.
Qué dice el Decreto 0514 sobre la Línea Negra
El Decreto 0514 de 2026 —firmado el 19 de mayo— precisa el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo “expresado en el sistema de espacios sagrados de la Línea Negra – Sheshiza” y lo define como “ámbito tradicional, de especial protección integral, valor espiritual, cultural y ambiental”. Su objeto es establecer “medidas y garantías para su efectiva protección”, en desarrollo de la Ley 21 de 1991 (Convenio 169 de la OIT) y del Auto 189 de 2013 de la Corte Constitucional.
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En las sesiones de socialización, los delegados del Gobierno explicaron que el nuevo decreto responde a la nulidad del Decreto 1500 de 2018 decretada por el Consejo de Estado el 12 de febrero de 2026, lo que obligó a reabrir la discusión normativa y a realizar un nuevo trámite consultivo con los pueblos potencialmente concernidos. La exposición oficial insistió en los fundamentos constitucionales del proyecto: “carácter pluralista del Estado”, “reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural”, jurisdicción especial indígena, derecho a la autodeterminación y necesidad de interpretar el territorio indígena “en una dimensión material y espiritual”.
El mapa sagrado que toca territorios wayuu
Uno de los puntos más sensibles es la cartografía. De acuerdo con el documento, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi presentó la representación del polígono y del sistema territorial asociado a la Línea Negra, incluida su proyección sobre el litoral y el espacio marino. “Se explicó que los cuatro pueblos habían elaborado tres niveles de información territorial: la identificación de espacios sagrados, la construcción del polígono y la definición del territorio ancestral”, mientras que el IGAC se limitó a ajustar coordenadas y dar soporte técnico.
Esa explicación no calmó las dudas wayuu, sino que las reforzó. La representación wayuu pidió “la identificación detallada de cuántos puntos o sitios sagrados estaban ubicados en el departamento de La Guajira y en cuáles municipios”, lo que evidenció —según el análisis— que el desacuerdo se centraba en el impacto del trazado sobre sus propios territorios, más que en negar la espiritualidad de los pueblos de la Sierra.
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En el espacio autónomo wayuu se socializaron diapositivas que cuestionaban la legalidad de usar cartografía derivada de un decreto anulado, y advertían que la inclusión de territorios wayuu en ese mapa carecía de legitimidad por ausencia de consulta previa con los titulares específicos de cada territorio ancestral.
Autonomía vs. “marco de competencia” espiritual
Las intervenciones wayuu consignadas en el informe apuntan al corazón del conflicto: la coordinación entre autonomías. En una de ellas se preguntó cómo se iba a coordinar la autonomía wayuu frente a un instrumento que “pretendía abarcar tres departamentos y otorgar a cuatro pueblos un marco de competencia y responsabilidad espiritual con potencial incidencia sobre municipios, actividades económicas, turismo y otras decisiones territoriales”.
El análisis resume así la preocupación: no se trata solo de una “disputa de linderos”, sino del miedo a que el nuevo decreto tenga efectos normativos sobre la autonomía, el gobierno propio, la territorialidad y la gobernanza wayuu. El artículo 6 del borrador —que define la Línea Negra como marco de ejercicio de los derechos de los pueblos de la Sierra en relación con territorio, medio ambiente, decisiones y recursos naturales— fue leído por ese sector como una puerta abierta a que decisiones espirituales y normativas de cuatro pueblos incidan sobre territorios ancestrales wayuu sin un acuerdo previo.
Consulta previa: acta firmada, acuerdo ausente
La parte final del relato se centra en cómo cerró el Gobierno el proceso de consulta previa. Según el documento, desde la oficina jurídica de la Presidencia se planteó que el deber estatal era demostrar que se consultó, y que “la negativa a acordar no podía convertirse en negativa a dejar memoria del agotamiento del trámite”.
En esa línea, se discutió que la solicitud wayuu de una consulta previa específica sobre la cartografía “no procedía”, al considerar que el mapa era un producto de autodeterminación de los cuatro pueblos, no una creación estatal autónoma. La fórmula acordada fue avanzar hacia una “protocolización sin acuerdo”: firmar el acta final dejando constancia del desacuerdo sustancial, pero sin reabrir el objeto del proceso consultivo ni modificar el contenido del borrador de decreto.
El análisis concluye que esta modalidad deja al pueblo wayuu con un desacuerdo “de amplia representatividad territorial”, pero frente a un decreto ya expedido que protege la Línea Negra, fortalece el territorio ancestral de la Sierra y, al mismo tiempo, proyecta efectos sobre territorios wayuu que también se consideran sagrados y protegidos. “Se avizora prima facie que la supuesta consulta en que se soporta ese decreto (…) convirtió al pueblo wayuu en simple convidado de piedra”, resume el texto.
