La falta de avance en la aprobación de la política pública departamental para la población LGBTIQ en el Cesar ha desencadenado una creciente frustración entre activistas y promotores del proceso, quienes denuncian dilaciones sistemáticas en la Asamblea Departamental. Aunque el reglamento interno de la corporación estipula plazos mínimos y procedimientos claros para la discusión de ordenanzas, la propuesta, presentada por la Gobernación y aprobada en primer debate desde julio, no ha podido avanzar a su segunda discusión, poniendo en riesgo su viabilidad en 2025.
Proceso empantanado: entre cambios de ponente y falta de respuesta
Según el reglamento de la Asamblea Departamental, toda ordenanza debe someterse a un primer debate tras socialización, y luego, respetando un mínimo de 48 horas, pasar al segundo debate. “Cada proyecto de ordenanza debe surtir dos debates, dejando un intervalo mínimo de cuarenta y ocho (48) horas entre el primer y segundo debate. El primer debate se realizará en comisión y el segundo debate se dará en plenaria”, dice el artículo 117, Reglamento Asamblea Deptal. Cesar.
Si el ponente no logra llevar el proceso adelante, la mesa directiva debe designar un nuevo responsable para evitar bloqueos o demoras excesivas. Sin embargo, el caso de la política LGBTIQ evidencia cómo esta previsión no ha sido suficiente para garantizar la agilidad que requiere la aprobación de instrumentos clave para la inclusión y derechos de las diversidades sexuales en el territorio.
Beatriz Mejía, abogada y formuladora de la política, resume el clima de descontento: “Nos han cambiado de ponente dos veces. Desde julio estamos esperando el segundo debate, pero siempre hay excusas. Ya la Gobernación hizo su parte y se dio el primer debate. Nos vienen dilatando y la Asamblea no ha dado respuesta a las solicitudes radicadas en julio y octubre. Esto ya parece una mamadera de gallo”.
Acciones legales: tutela para exigir el debate antes del cierre de sesiones
Ante la falta de respuestas y el inminente cierre del periodo ordinario de sesiones —que, según Mejía, culmina el 30 de noviembre—, la ruta de la movilización social pinta como uno de los siguientes pasos para la próxima semana. Para Mejía, la salida es el camino jurídico: “Vamos a presentar una acción de tutela por la vulneración al debido proceso en la aprobación de la política. La acción será contra la Asamblea departamental y la Gobernación, aunque el trámite depende hoy solo de la Asamblea, que es quien está incumpliendo el proceso”.
Beatriz explica que esta medida busca que un juez ordene que se agende y realice el segundo debate de forma prioritaria: “La tutela busca el amparo y que se ordene el segundo debate de inmediato, porque si no, en diciembre cierran sesiones y perderíamos el año. No podríamos implementar la política pública ni empezar a materializar las acciones previstas para 2025“.
¿Aún hay tiempo para la política pública?
Aunque el panorama luce incierto, Mejía confía en que existe tiempo para que la Asamblea corrija su curso y agende el segundo debate: “Sí hay tiempo. El periodo termina el 30 de noviembre y una tutela puede fallarse en menos de diez días hábiles. Todo depende de la voluntad política y la agilidad jurídica de la Asamblea”.
La situación, sin embargo, deja en evidencia las barreras reglamentarias y administrativas que enfrentan las políticas de derechos, aún en contextos donde existen avances normativos. Por ahora, la comunidad LGBTIQ del Cesar y los defensores de derechos humanos esperan un pronunciamiento judicial que obligue a la Asamblea a respetar el debido proceso y a saldar una deuda histórica con la diversidad en el territorio.
