De los 3.339 inmuebles que fueron identificados por Fonvisocial, en un estudio del año 2012, como propiedad del Municipio de Valledupar, 218 predios no existen físicamente, algunos están invadidos y en la mayoría se han construido viviendas o negocios. Así lo registra una auditoría gubernamental de bienes inmuebles y áreas de cesión de la localidad, llevada a cabo por la Contraloría Municipal.
El ente de control informó que a corte de junio de 2014 dichos terrenos han pasado, de forma ilegal, a ser parte de particulares, tal como se evidenció a través de la inspección que se inició a principios de este año, en la que fue necesario la solicitud de un inventario o relaciones de bienes inmuebles de propiedad del Municipio, sector central y descentralizado, Concejo y Personería, estableciéndose la situación legal de los mismos, acompañados de las respectivas pólizas de pago.
Cabe recordar que la administración Municipal suscribió, a través del Fondo de Interés Social, Fonvisocial, el contrato N° 021-2012 cuyo que tenía como objeto la “Prestación de servicios profesionales para realizar la actualización inmobiliaria de propiedades municipales y de áreas de cesión de Valledupar”, a través del cual la Contraloría inició un registro estricto y vigilancia a las propiedades de la capital del Cesar.
Información que le dio pie al inicio de la auditoría de la Contraloría Municipal, la cual fue planeada y ejecutada por un equipo técnico, conformado por personal de planta, con el fin de evaluar la gestión fiscal del Municipio, en la conservación, guarda y administración de los bienes inmuebles urbanos inscritos catastralmente a nombre de la localidad.
Irregularidades
En la auditoría, donde fueron evaluados 300 bienes inmuebles como una muestra selectiva, el ente de control encontró que el Municipio no cumple con los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad, valoración de los costos ambientales con respecto a los bienes inmuebles de su propiedad.
La Contralora Municipal, Mercedes Vázquez Ramírez aclaró que la alcaldía presenta grandes debilidades en la organización de los archivos documentales y la creación de sistemas de información de los predios que conforman su propiedad.
La auditoría, que fue liderada por el ingeniero Jorge Arturo, detectó que la problemática jurídica de las urbanizaciones ilegales se presenta también con aquellas legalmente constituidas, cuyos urbanizadores responsables, no realizan los procesos de entrega de las zonas de cesión a la administración municipal, ni esta las exige, ni realiza las gestiones pertinentes para garantizar la escrituración de las mismas a su favor.
Los estudios indican que no se tienen definidos los parámetros y procedimientos que conduzcan a materializar estos procesos; no se tiene un inventario actualizado de las áreas de cesión pertenecientes al Municipio, lo cual impide la vigilancia y control de las mismas; permitiendo el apropio por parte de particulares de estas áreas que deberían ser de uso público.
Otros de los puntos a tener en cuenta es el deber de la administración Municipal para tomar acciones necesarias para implementar proyectos de legalización de predios y recuperación de los bienes.
Hallazgos
En total fueron 11 hallazgos administrativos, de los cuáles ocho tienen presunta incidencia disciplinaria, y uno con aparente incidencia penal. Motivo por el cual ya fueron puestos a disposición de la Procuraduría Regional del Cesar y la Dirección Seccional de Fiscalías del Cesar.
1. Saneamiento jurídico de los bienes: de los 3.339 bienesinmuebles de propiedad del municipio de Valledupar, 218 fueron identificados catastralmente, pero físicamente fue imposible su ubicación según dicho informe.
