A través de un portal del Ministerio de Agricultura y la UPRA, el Gobierno maneja una base de datos que mide la concentración de la propiedad rural en el Cesar. Los datos muestran una realidad estructural compleja.
De los 25 municipios del departamento, 23 registran niveles de desigualdad alta. Lo llamativo es que el centro de esta brecha no se ubica en las zonas apartadas, sino en los territorios que durante años han recibido regalías por la explotación de carbón.
El cálculo se realiza mediante el Índice de Gini, una herramienta que, en este contexto, permite medir la concentración en la tenencia de la tierra. Chiriguaná y Becerril están en la cima de la tabla departamental con puntajes de 0,76 y 0,75, respectivamente.
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El Gini mide la desigualdad en una escala de cero a uno, donde cero es igualdad total y uno es concentración absoluta. Un puntaje que supera el 0,7 representa una brecha profunda en la distribución de los predios rurales dentro del departamento.
El bloque de municipios mineros lo completan El Paso y La Jagua de Ibirico, ambos con un indicador de 0,69. Según fuentes consultadas, estas cifras se entienden por los grandes títulos mineros de explotación de carbón, los cuales afectan el indicador.
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Valledupar se mantiene en la misma línea y registra un 0,71. El promedio del departamento se ubica en 0,709, un número que refleja un problema generalizado en el país, cuyo Gini nacional de tierras alcanza el 0,8615.
El mapa oficial muestra solo dos excepciones en el territorio. Pailitas y Pueblo Bello son las únicas poblaciones catalogadas con una desigualdad media, marcando indicadores de 0,59 y 0,57. En el resto de las poblaciones, la regla es la acumulación de la tierra en un porcentaje reducido de propietarios.
Otros resultados
La alta desigualdad influye de forma directa en el aumento del Índice de Pobreza Multidimensional del DANE para el año 2025. Mientras el promedio nacional logró una reducción y se ubicó en el 9,9 %, el Cesar caminó en contravía y alcanzó un 14,8 %.
La concentración de la tierra limita las oportunidades de desarrollo real de los hogares campesinos. Las privaciones en educación y trabajo son los factores que más pesan sobre las familias del departamento, afectando al 36,3 % y al 28,7 % de los hogares.
La pobreza multidimensional mide la calidad de vida de las familias más allá del dinero en efectivo. Este índice evalúa las privaciones estructurales dividiendo las necesidades en cinco grandes dimensiones: condiciones educativas, entorno de la niñez y la juventud, situación de trabajo, acceso a la salud, y condiciones de la vivienda y servicios públicos.
