La mitad de los colegios privados de Valledupar son ilegales y reciben alrededor de 10 mil niños de preescolar y básica primaria sin las mínimas condiciones para impartir una educación de calidad. Así lo dio a conocer Betsi Charry, coordinadora de inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación Municipal.
El hallazgo fue posible gracias a un estudio realizado a través del Sistema Integrado de Matriculas – SIMAT- que permitió identificar a los niños que están matriculados por fuera de los 142 colegios que actualmente tienen licencia de funcionamiento.
Según la funcionaria, este es uno de los primeros pasos para mejorar la calidad educativa en la ciudad, porque los establecimientos que no cumplan con los requisitos serán visitados para que se autoevalúen e inicien un proceso para llenar las exigencias mínimas legales que les permita seguir funcionando.
Para llegar a estos colegios, la Secretaría de Educación viene desarrollando una campaña que se llama “Colegio haz bien la tarea”, que consiste en legalizar las instituciones educativas que están prestando sus servicios sin la correspondiente licencia de funcionamiento.
Para tal fin, un grupo de profesionales con un diagnóstico previo visita estas instituciones educativas para socializarles el Decreto 3433 que señala los requisitos que deben cumplir las intuiciones, para poder funcionar como tal, y a su vez les brindan toda la asesoría y acompañamiento para que puedan ser unas instituciones legalmente constituidas.
“Queremos que los dueños de estas instituciones no sientan que esta es una persecución contra ellos, sino que les brindamos un acompañamiento para que puedan legalizar su situación económica con el propósito de que manejen su institución como empresa y no como un negocio de bolsillo”, afirmó la funcionaria.
El papel de los padres de familia
Los padres de familia tienen un papel fundamental en esta campaña, porque una vez publicadas las listas, los padres de familia no deben contratar los servicios de estos colegios porque, los certificados de grados, de estudio, cualquier documento que expidan no tienen validez.
“Esto quiere decir que sus hijos están perdiendo el tiempo y sus padres la plata, porque no son válidos en ninguna institución ni privada, ni pública”, advirtió, Charry al tiempo que reiteró que con esto se busca, además, un entorno mínimo que dignifique la condición de los niños como seres humanos.
