El nuevo auto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá no solo desnuda el patrón de control territorial de las Farc-EP, sino que pone el foco en ataques contra la democracia local —como el asesinato de Alfonso Granadillo cuando defendía las urnas en Cañaverales— y en violencias de género toleradas por los mandos, mientras en paralelo la Jurisdicción avanza en la investigación de crímenes no amnistiables cometidos por miembros de la fuerza pública en estos mismos territorios.
Democracia local bajo fuego: el caso Granadillo
Dentro del crimen de persecución contra el Pueblo Negro Afrocolombiano, el auto incluye 19 hechos de asesinatos con 31 víctimas, entre ellas el caso de Alfonso Granadillo, ocurrido en el corregimiento de Cañaverales, San Juan del Cesar. Según la decisión, Granadillo murió por una granada lanzada cuando, junto con otros miembros de la comunidad, intentó impedir que la guerrilla se robara las urnas en las elecciones de 2002.
Leer: El Estado y fuerza pública pagarán cerca de $500 millones.
