Por hechos acontecidos en el año 2003, en el corregimiento de Cañaverales, zona rural del municipio de San Juan del Cesar, sur de La Guajira, cuando se desarrollaba un proceso electoral, en el cual fue herido un hombre, quien posteriormente falleció; la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional, fueron condenados a pagar cerca de 500 millones de pesos, que hace parte de una demanda de reparación directa impetrada en septiembre de 2012.
La trascendental sentencia fue proferida en fallo de segunda instancia, por el Tribunal Administrativo de La Guajira, después que fuera negada inicialmente por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión judicial de Riohacha, en septiembre del mismo año.
Cronología de los hechos
El caso objeto de la demanda ocurrió en el corregimiento de Cañaverales, población distante a 35 minutos de la cabecera municipal del municipio de San Juan del Cesar, el 25 de octubre de 2003, cuando los colombianos votaban por un referendo constitucional y la fuerza pública no prestó el servicio de seguridad, en ninguno de los sitios donde se instalaron las mesas (40 en la zona rural y 29 en la zona urbana); la situación coyuntural fue aprovechada por grupos armados al margen de la ley, que destruyeron los documentos electorales de los corregimientos de Caracolí, Los Cardones, La Sierrita, La Peña de los Indios y el Hatico de los Indios.
