El debate sobre la formalización laboral volvió a encender los ánimos en el Hospital Rosario Pumarejo de López. Durante la vigencia anterior, el Gobierno Nacional giró cerca de $35.000 millones como apoyo extraordinario, recursos que en su momento se anunciaron como la base para iniciar la formalización de más de un centenar de trabajadores vinculados por orden de prestación de servicios (OPS). Sin embargo, la nueva administración confirmó que ese propósito no se materializó.
“Esos recursos se usaron para pagar especialistas, impuestos, sentencias judiciales y proveedores. No se usaron para la formalización”, reconoció el equipo directivo, al detallar que alrededor de $15.000 millones se destinaron a fallos judiciales en firme y otros $10.000 millones a cubrir deudas con contratistas y proveedores. La agente especial interventora, Lina De Armas, fue clara en que recibió un hospital sin ese colchón financiero, pero con la expectativa sindical y gremial intacta sobre una formalización que nunca se concretó.
