En los últimos tres meses, la Unidad de Restitución de Tierras ha interpuesto dos demandas con el propósito de restituir los derechos territoriales nativos de las familias que conforman resguardos indígenas en el Cesar y La Guajira.
La primera acción judicial se entabló en marzo anterior para favorecer al asentamiento de Nuevo Espinal, corregimiento de Barranca, La Guajira. El año de 1993, cerca de 300 familias originales del pueblo Wayúu fueron obligadas a salir de sus casas, no exactamente por la violencia y el conflicto armado, sino por una empresa explotadora de carbón en territorio guajiro.
Esta semana, la unidad instauró la demanda para ayudar a recuperar todo lo perdido a 267 familias y 1.246 habitantes de la población de Menkue Misaya y La Pista, pertenecientes al pueblo Yukpa, que vieron vulnerados sus derechos a causas directas por el conflicto armado registrado en la Serranía de Perijá. Para conocer más sobre el proceso que están en curso, Marisol Grisales Hernández, encargada de Asuntos Étnicos en la Unidad de Restitución de Tierras, explicó detalles del mismo.
