Eduardo Santos Ortega Vergara, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración del Cesar y La Guajira, está convencido de que una paz duradera en Colombia se dará a través de la transformación de los desmovilizados en ciudadanos autónomos y de la restauración del tejido social de las comunidades afectadas por la violencia. El funcionario hizo un llamado a la comunidad en general para que acoja a esta población que busca espacios para reparar con acciones comunitarias los daños causados a la sociedad.
El funcionario afirma que no se pueden dejar solos a los desmovilizados y por eso se requiere del apoyo de los empresarios de la región, para que le brinden una oportunidad de trabajo a esta población que quiere constituirse en parte de las grandes soluciones para el país.
En la actualidad, en el Centro de Servicios de Valledupar y La Guajira existen 2 mil 384 desmovilizados que ingresaron al programa, de los cuales están en proceso de reintegración 2.278; no están en proceso de reintegración 106. Por otra parte, en el Centro de Servicios de Aguachica ingresaron al programa 668 pero solo están en proceso de reintegración 626; 42 no están ya en el proceso.
En tal sentido, Ortega Vergara dijo que es fundamental que este paso de reintegración a la sociedad civil que les ha permitido a estas personas que fueron miembros de grupos armados ilegales y grupos insurgentes, reconocer su falta, se les facilite la oportunidad para que conozcan escenarios donde la paz y la no violencia es una opción de transformación social.
Para lograr este proceso se les brinda acompañamiento sicosocial, educación, salud, formación para el trabajo para que el proceso de reintegración sea efectivo y duradero.
Así mismo manifestó que la ley 1224 del 29 de diciembre de 2010, por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, tiene un componente de reconciliación que no se ha desarrollado a profundidad. “Ellos tienen que hacer un servicio social, reconocer su falta y hacer alguna acción para reparar a las víctimas y mejorar la condiciones de vida de quienes los acogen”, dijo.
Sin embargo, fue reiterativo al afirmar que “la ACR no está dispuesta a mantener delincuentes, las personas que están actualmente en el Programa son las que están dispuestas a darle un giro a su vida y son las que merecen que toda la comunidad les brinde una oportunidad”, afirmó.
