Mientras que en algunas instituciones educativas de Valledupar se conmemoró el Día del Estudiante, EL PILÓN conoció que en la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía General de la Nación reposa un documento en el que la Asociación Municipal de Padres de Familia, AMPF, denuncia una serie de irregularidades en la educación pública de esta capital y solicitan a las autoridades correspondientes investigar y sancionar a los responsables del aparente detrimento patrimonial.
En el escrito, radicado ante los organismos de control el 16 de mayo del presente año, la AMPF expone que los recursos de gratuidad educativa- representados en el Decreto 4807 del 20 de diciembre de 2011- son mal manejados por rectores, secretarios de educación y alcalde de la capital del Cesar, puesto que están generando cobros de matrículas en algunos planteles académicos.
Además, dice la carta, que existe un abandono a las instituciones educativas de las zonas corregimentales de Valledupar, falencias en la contratación de transportes escolares, celadores y aseadoras, -hechos por el que se desarrollaron varias protestas en la ciudad en meses anteriores-.
“Ante esta serie de irregularidades la Asociación de Padres de Familia de Valledupar instauró una acción popular, pero hasta el momento, no hemos recibido respuesta ni positiva ni negativa de la referida acción, vulnerando de manera flagrante el derecho fundamental de la educación, tal como lo rezan los Artículos 44 y 67 de nuestra constitución nacional, cuando mencionan que la educación es un derecho fundamental de los niños, de las personas y será gratuita en las instituciones del Estado”, asegura el documento.
Con respecto al servicio de aseadoras, los padres de familia manifestaron que desde el 2012, el Municipio no contrata servicio de aseo en los colegios, por lo que las instituciones hacen peripecias para suministrarle el pago a este servicio, al igual que el de vigilancia o en su defecto los estudiantes pierden sus primeras horas de clase para limpiar los salones.
Dentro de la denuncia, los querellantes aseguran que el contrato de transporte escolar, al parecer, es adjudicado, de forma constante, a un mismo contratista, aunque éste no cumpla con los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Transporte.
“Ante esto, los entes de control permanecen en silencio. Los rectores, pese al tema de gratuidad educativa, están cobrando a los estudiantes, como sucedió en la institución Mixta del barrio Dangond, donde a los padres de familia le exigieron un pago de 5.000 pesos, con el argumento de que eran para la AMPF, cuando dichos dineros eran para el pago de aseo y vigilancia”, expresaron los denunciantes a través del escrito.
Irregularidades que, según los padres de los educandos, también se evidenciaron en el Colegio Nacional Loperena, donde, aparentemente, exigieron un cobro de 20.000 pesos por habilitaciones de los estudiantes. Situación que fue conocida por el secretario de Educación Municipal, Asdrúbal Rocha Legua, quien, supuestamente, mencionó que los recursos eran para la inversión en el plantel educativo.
“Gonzalo Quiroz, rector del colegio, nos había manifestado que el cobro que estaban haciendo era para pagar a los docentes que realizaron la recuperación de los estudiantes”, dijo uno de los responsables de los alumnos.
Por ello y los argumentos antes mencionados, de los cuales mencionaron tener pruebas fehacientes enviadas a los diferentes organismos de control, quieren darle respuesta al siguiente interrogante: ¿A dónde fueron a parar los recursos?, ¿Por qué si la inversión de gratuidad no se evidencia en las instituciones como ocurre en el colegio Milciades Cantillo?, quien pese a recibir 202 millones de pesos por concepto de gratuidad, aún no se ha hecho el cerramiento del colegio después de tres años en ese proceso.
De igual manera, estas personas denuncian que los dineros que entrega el Estado no son los únicos recursos que administran los rectores de las instituciones educativas, como sucede con las tiendas escolares que manejan los rectores y se desconoce su destino, tal como ocurrió al conocer la ejecución del presupuesto de ingreso y fondo de servicio educativo del colegio José Eugenio Martínez.
Daniel Vega Córdoba, presidente de la Asociación de Padres de Familia de Valledupar aseguró: “Esta denuncia es por la forma irregular de cómo las autoridades educativas han manejado los programas en el Municipio, esto no excluye al Secretario de Educación Municipal y mucho menos al señor Alcalde que se ha declarado un enemigo de la educación”.
Por la tragedia de Fundación
Vega Córdoba manifestó que la inmovilización de busetas que prestan el servicio de transporte escolar en Valledupar, porque no cumplían con los requisitos establecidos por el Ministerio de Transporte, se debió al nefasto suceso ocurrido en el municipio de Fundación, Magdalena.
“Con anterioridad a ese acontecimiento, nosotros le pasamos un derecho de petición al señor Alcalde para que al momento que se fuera a adjudicar el contrato de transporte nos informara. No lo hicieron y ¡Oh sorpresa! Cuando vimos publicado en los medios de comunicación las inmovilizaciones”. especificó.
Agregó que “nosotros hoy prendemos las alarmas con el futuro de la educación del municipio, porque con la creación de los megacolegios comienza la privatización, debido a que son concesiones”.
Es falso
Ante esta última afirmación, el secretario de Educación Municipal, Asdrúbal Rocha, especificó que los Megacolegios no son privatización de la educación, a los operadores se les hace por concesión y es el Ministerio de Educación quien los regula. El denunciado está equivocado en esa pretensión.
