El sistema de salud colombiano arrastra una crisis financiera que ya se siente en la red hospitalaria y de clínicas de Valledupar, pese a que el país destina cerca del 8,2 % de su PIB y alrededor de 100 billones de pesos anuales a este sector. Según un informe reciente de la Defensoría del Pueblo, entre el 25 % y el 35 % del presupuesto de salud estaría comprometido en deudas, lo que ha generado un “atasco severo” en el flujo de recursos hacia clínicas, hospitales y proveedores.
Esa presión financiera golpea con especial fuerza a ciudades intermedias como Valledupar, que soportan la demanda de pacientes del Cesar y municipios vecinos de La Guajira, pero dependen de pagos oportunos de las EPS para sostener su operación. “La alta cantidad de recursos no se traduce en atención oportuna ni equitativa; por el contrario, ha crecido la vulneración del derecho fundamental a la salud”, señala el documento de la Defensoría.
Deudas millonarias y riesgo para servicios en Cesar
El informe indica que la deuda acumulada del sistema de salud oscila entre 24 y 33 billones de pesos a corte de 2025, de los cuales cerca del 73 % correspondería a obligaciones con clínicas, hospitales y prestadores privados. “Según la Contraloría General de la República, la deuda de las EPS asciende a 33 billones de pesos y está altamente concentrada; la Nueva EPS acumula más de 9 billones”, advierte el documento.
La opacidad sobre las cifras —con reportes diferentes de Contraloría, Supersalud y gremios hospitalarios— dificulta la planeación y la regulación, y termina por trasladar la incertidumbre a los prestadores en ciudades como Valledupar. “La falta de claridad en las deudas genera múltiples efectos negativos: afecta la liquidez, dificulta la planeación y debilita la legitimidad del sistema y la garantía efectiva del derecho a la salud”, subraya la Defensoría del Pueblo.
Más gasto de bolsillo para los usuarios
El documento revela que el gasto de bolsillo de los hogares colombianos pasó del 15,8 % del gasto total en salud en 2019 al 17,2 % en 2024, acercándose al umbral crítico definido por la Organización Mundial de la Salud. Aunque las cifras más altas se reportan en departamentos como Guaviare y Arauca, la Defensoría advierte que la misma tendencia se replica en otros territorios donde los usuarios, como ocurre con muchos pacientes que llegan a Valledupar, deben pagar copagos, medicamentos y servicios particulares para no interrumpir sus tratamientos.
“Este aumento del gasto de bolsillo, sumado al atasco de recursos, representa un riesgo de empobrecimiento para miles de hogares y profundiza las brechas territoriales”, advierte el texto. El modelo concentra alrededor del 85 % de los recursos del sistema en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), pero su distribución sigue siendo desigual: el 51 % va al régimen contributivo, que cubre al 44,9 % de la población, y solo el 49 % al subsidiado, donde se ubica el 50,9 % de los afiliados, la mayoría de menores ingresos.
Nueva gobernanza con enfoque territorial
Para enfrentar esta crisis, la Defensoría del Pueblo sostiene que no basta con inyectar liquidez, sino que se requiere una transformación profunda de la gobernanza del sistema, con enfoque territorial y reglas claras sobre el manejo de los recursos. “Es necesaria una reforma al sistema de salud con énfasis en una nueva gobernanza que incorpore transparencia en todas las transacciones, participación ciudadana decisoria y verdadera rendición de cuentas de todos los agentes”, plantea el informe.
La entidad ha promovido intervenciones ante la Corte Constitucional para asegurar nuevas fuentes de recursos, coadyuvar en el levantamiento de embargos a cuentas maestras de las EPS —que ponen en riesgo la continuidad de los servicios— y reducir la brecha entre la UPC del régimen subsidiado y la del contributivo.
“Si no se corrige el flujo de recursos y no se ordenan las deudas del sector, se seguirá agravando la vulneración del derecho a la salud, especialmente en las regiones más vulnerables del país”, concluye el documento, una advertencia que cobra especial relevancia en la red hospitalaria y de clínicas de Valledupar, puerta de entrada de pacientes del Cesar y La Guajira.
