Aunque en Valledupar casi no existen cifras públicas sobre “actividades sexuales pagas”, el mapa de las noticias judiciales revela unos puntos calientes que se repiten y que las autoridades solo parecen ver cuando hay operativo o escándalo. En La Nevada, por ejemplo, se han reportado casos de proxenetismo con menores en residencias; en la calle 44, crónicas locales describen una avenida donde el sexo se ofrece a plena luz, con mujeres que en muchos casos viven en barrios como 25 de Diciembre, mientras en la intersección con la carrera 27 se prostituyen personas trans; al sur, en el barrio Panamá, se desmanteló un lenocinio donde rescataron mujeres venezolanas víctimas de trata; y en el centro histórico, hoteles y discotecas de sectores como San Joaquín y Los Cortijos han sido escenario de controles en los que aparecen menores dentro de bares y billares.
Pese a este rastro permanente de explotación y abuso, la ciudad sigue sin un sistema de información que nombre el problema por su nombre y sin una política robusta que ataque la demanda en estos mismos lugares donde el mercado sexual se alimenta todos los días. En este contexto aterriza la sentencia SP287-2026 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la condena contra Luis Carlos Toro Cano por pagar a tres niñas y un niño, de entre 11 y 13 años, para tocamientos y actos sexuales en Medellín.
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