El 12 de febrero, la Sección Primera del Consejo de Estado cambió la norma que protegía la Sierra Nevada con un fallo que declaró nulo, el Decreto 1500 de 2018, que había reconocido la “Línea Negra” como territorio ancestral sagrado para los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo. Todo esto surgió de una demanda impulsada por Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, bajo el radicado 11001-03-24-000-2019-00262-00 en primera instancia, y abre la puerta a un futuro incierto para este espacio de protección ambiental, cultural y ancestral.
¿Qué es la Línea Negra?
Hay un hilo invisible que teje el corazón espiritual de la Sierra Nevada: cerros, ríos y quebradas sagradas donde los mamos indígenas realizan sus pagamentos para armonizar la naturaleza con el cosmos. Así es la Línea Negra, un sistema ancestral que conecta radialmente estos espacios vitales hacia el pico Bolívar; no se trata de un muro físico, sino de un mapa vivo que respira la cosmovisión de los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo.
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Desde 1973, cuando el Ministerio de Gobierno la reconoció mediante la Resolución 002, esta red protege 348 hitos clave en Cesar, La Guajira y Magdalena, abarcando desde resguardos indígenas y el Parque Tayrona hasta zonas urbanas cercanas a Valledupar.
El Decreto 1500 del 2018: un puente entre tradición y ley
El 6 de agosto de 2018, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, se expidió el Decreto 1500, que dio forma legal a la Línea Negra como un “ámbito tradicional de especial protección”, anclado en la Ley de Origen y la Ley 21 de 1991. Este mandato obligaba a consultar con las comunidades indígenas antes de cualquier proyecto que pudiera impactar estos espacios sagrados, siempre respetando los derechos privados de terceros, pero colocando en primer plano su enorme valor cultural y ambiental.
Cartografía Línea Negra. Imagen: CIT.
Todo surgió de las órdenes claras de la Corte Constitucional en su Auto 189 de 2013, tras una serie de tutelas que frenaron obras como el Puerto Brisa, precisamente para blindar los sitios sagrados de daños irreparables. Así, el decreto se convirtió en un puente entre la tradición ancestral y las exigencias modernas de conservación.
¿Por qué lo anularon? Los vicios encontrados
El Consejo de Estado, con el consejero ponente Germán Eduardo Osorio Cifuentes al frente, detectó una “falsa motivación” en el decreto, ya que al momento de su publicación no existía ni la cartografía oficial del IGAC ni el “Documento Madre” definitivo que lo respaldaran. A eso se sumaron graves irregularidades procedimentales: no se realizó la consulta previa con pueblos como los Wayuu y Chimila, ni con comunidades afrodescendientes como Los Palenques, y además se omitieron anexos clave, lo que violó el derecho a la participación ciudadana de todos.
Todo esto impacta directamente las competencias territoriales y ambientales de los entes locales, así como los derechos de propiedad sobre el subsuelo estatal y predios privados en los 25 municipios afectados. Aunque gremios como ANDI y ASOCAPITALES, junto a Dejusticia, defendieron con ahínco la norma, al final primaron estos vicios procedimentales que la hicieron ilegal desde su origen.
CIT denuncia “violencia colonial”
La Confederación Indígena Tayrona (CIT), reaccionó con un contundente comunicado este 19 de febrero, denunciando la sentencia como una “violación al territorio ancestral y a la Ley de Origen”. Representantes de los cabildos, centros espirituales y mamos de Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo acusan al Consejo de Estado y a “grupos económicos” de perpetuar el despojo colonial, recordando que su misión como guardianes del “Corazón del Mundo” es preexistente a cualquier ley estatal.
En el texto, cuestionan directamente a jueces, políticos y empresarios: “¿Quién les dio el derecho sobre nuestro territorio? ¿Sus leyes son superiores a la Ley de Origen?”. Reafirman que la nulidad del Decreto 1500 no borra la Línea Negra, exigen respeto a su autonomía y piden la renuncia del viceministro Yefferson Mauricio Dueñas Gómez —mismo demandante— por conflicto de intereses con el gobierno de Gustavo Petro. Además, llaman a la sociedad civil y pueblos hermanos a defender la Sierra, advirtiendo: “De la vitalidad del Corazón del Mundo dependerá la vida en la tierra”.
¿Qué sigue para la Sierra y Valledupar?
El fallo suspende de inmediato los efectos del decreto, aunque aún cabe una apelación ante la misma Sala del Consejo de Estado. Mientras los pueblos indígenas, respaldados por organizaciones como CINEP y CAJAR, lamentan este retroceso en la protección de sus derechos ancestrales, los entes territoriales y gremios empresariales verían en esta suspensión la posible apertura para proyectos de desarrollo urbano y minería.
