Este fallo histórico define los límites de la fuerza pública frente al derecho ciudadano a la manifestación pacífica.
En un fallo histórico, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Policía Nacional por la muerte de Dilan Cruz, el estudiante de 18 años que se convirtió en el símbolo de las protestas del paro nacional de 2019 tras recibir un disparo en la cabeza por parte del antiguo ESMAD en Bogotá.
La decisión del magistrado Juan Carlos Garzón Martínez califica el hecho como una “grave violación a los derechos humanos” y determina que la institución incurrió en una falla en el servicio. Según el tribunal, la Policía cometió el grave error de catalogar la munición utilizada como un arma “menos letal”, omitiendo capacitar y advertir a sus uniformados sobre el verdadero potencial mortal que tenía ese proyectil al ser accionado contra los manifestantes; un dictamen que tumba los argumentos que pretendían culpar al joven y obliga a la institución a pedir perdón públicamente.
