De las 4.804 solicitudes que han sido recibidas en el proceso de restitución de tierras, en el Cesar, a corte de 13 de agosto de 2014, 2.222 son reclamaciones por predios ubicados en zonas microfocalizadas. Pero este es un pequeño número teniendo en cuenta que solamente 15 han recibido sentencias por los Jueces de Restitución.
El Cesar, es el tercer departamento en reclamaciones con 3602 para un área de 207.258 hectáreas, la Unidad de Restitución de Tierras (URT), dirección Territorial Cesar – Guajira, aduce que en aplicación de los principios de gradualidad y progresividad previstos en la Ley 1448 de 2011, y los decretos 4829 de 2011 y 599 de 2012, la URT solo puede entrar a estudiar los casos ubicados en zonas microfocalizadas. Así las cosas, de los 2.222 casos que se encuentran en zonas micro, la Unidad de Restitución ya ha tomado decisiones de fondo en más de 400 casos. Según conoció EL PILÓN, en algunos de ellos, encontraron que no se cumplían los requisitos legales para solicitar la restitución a los jueces, y en los que sí se cumplían, se han presentado las demandas, en búsqueda de la restitución.
Antioquia es el departamento más afectado por el despojo y el abandono de tierras. De los 97 municipios afectados por la problemática, 16 se identifican como de alta densidad, en los que se estima que existen 26.207 predios abandonados.
El segundo departamento en cuanto a solicitudes es Bolívar y el Cesar aparece en el tercer lugar en reclamaciones. Las cifras de víctimas en este departamento superan las 330.000 por delitos como secuestro, asesinatos selectivos, masacres, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, entre otros.
La Fundación Forjando Futuros (ONG) publicó este año un informe titulado “Restitución de tierras gota a gota”, un análisis de las 372 sentencias que han emitido los jueces de tierras de diciembre de 2011, cuando empezó a funcionar la Unidad de Tierras, a mediados de marzo de 2014. Casi todas fueron promulgadas en 2013, pues en 2012, la Unidad se dedicó a abrir sus 21 oficinas regionales y a poner en pie todo el sistema de restitución.
El 96% de esas sentencias se falló en favor de las víctimas, a las que se devolvieron 789 predios con un total de 20.694 hectáreas. Según la Fundación, 58% de las tierras son baldíos de la Nación.
Entre los avances, la ONG menciona la institucionalidad construida en los dos años que lleva operando la Unidad, las sentencias que se han emitido y la jurisprudencia que están produciendo los jueces especializados.
Además, se señala que los llamados ‘opositores’, es decir, los líderes actuales de la tierra, cuentan con garantías procesales para controvertir los reclamos de las víctimas.
Sin embargo, en el reporte se calcula que las sentencias emitidas corresponden apenas al 1,7 por ciento de las 54.000 solicitudes presentadas y destaca que algunos “cuellos de botella” amenazan el cumplimiento de las ambiciosas metas de restitución que, a junio de 2021, debe haber restituido a sus legítimos propietarios millones de hectáreas despojadas por la violencia, según los plazos de la ley de Víctimas.
En el Cesar
La Dirección Territorial Cesar – Guajira de la Unidad de Restitución de Tierras de indicó que después de creada la Ley 1448 de 2011, con las 15 sentencias, que ordenaron la restitución de 18 derechos sobre la tierra, se han beneficiado 81 personas. Los inmuebles restituidos suman 765 hectáreas en áreas rurales de los municipios de Valledupar, Agustín Codazzi, Aguachica (predios entregados en compensación a víctimas de la parcelación El Toco), El Copey y San Diego.
Así, actualmente están en manos de los Jueces y Magistrados especializados en la materia 84 demandas en las que se reclama la restitución de 109 derechos sobre la tierra. Estas demandas fueron presentadas entre el 12 de septiembre de 2012 y el 20 de agosto de 2014.
Mientras que, la URT ha microfocalizado 13 grandes zonas geográficas ubicadas en los municipios de Valledupar, Agustín Codazzi, Pelaya, El Copey, Curumaní, Pailitas, Tamalameque, Becerril y San Diego.
Actualmente, la Unidad de Restitución se encuentra estudiando formalmente alrededor de 1.800 casos, que son analizados minuciosamente a través de un equipo especializado de abogados, ingenieros catastrales, ambientales, topógrafos, psicólogos, sociólogos y trabajadores sociales, y así mismo, en cada uno de ellos se realiza un estudio pormenorizado de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que ocasionaron el despojo y/o abandono de tierras en el marco del conflicto armado interno, alegado por los reclamantes.
Es válido aclarar que algunos municipios ubicados al sur del Cesar, como es el caso de San Alberto, hace parte de la jurisdicción de la Dirección Territorial Magdalena Medio de la URT, por lo que no se incorporaron las actuaciones y cifras de esta última.
Contraloría advirtió
En una auditoria que adelantó la Contraloría General de la República, el año anterior, se realizaron algunas consideraciones, respecto al cumplimiento de las restituciones, entre estas que el término establecido por la norma para proferir el fallo de restitución, en algunos casos puede resultar muy corto dadas las complejidades y particularidades de cada proceso (como definición de derechos sucesorales, servidumbres, declaraciones de pertenencia, deslinde y amojonamiento, entre otras), aunado a las dificultades evidenciadas en cuanto a la oportunidad de respuesta por parte de las entidades técnicas que deben coadyuvar en el recaudo del acervo probatorio.
Nueva demanda
Con la presentación de las 13 solicitudes inició la acción judicial con la que se busca la restitución y formalización de los derechos de las víctimas del conflicto armado del municipio de Pailitas, sur del Cesar.
La Unidad de Restitución de Tierras, Dirección Territorial Cesar Guajira, presentó 13 solicitudes de restitución ante los jueces civiles del Circuito Especializado de Tierras de Valledupar, que fueron trasladadas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz. Estos casos involucran a Jefferson Enrique Martínez López, conocido con el alias de ‘Omega’ y Abimael Bastos Contreras, este último condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con desplazamiento forzado.
Con esta diligencia se espera la restitución de más de 240 hectáreas y el restablecimiento de los derechos de un grupo de campesinos víctimas del despojo de seis predios ubicados en Pailitas, Cesar. De acuerdo al expediente construido por la Unidad de Restitución, uno de los hechos relacionados con el abandono forzado de tierras sucedió en el año 2006, en la vereda San José de Tagoaje, perteneciente al municipio ubicado al sur del Cesar.
En el trámite administrativo se logró establecer que las víctimas fueron despojadas de sus tierras bajo la presión directa del entonces comandante paramilitar Jefferson Enrique Martínez López, quien tenía a su cargo el Frente Resistencia Motilona del Bloque Norte de las Autodefensas.
De la misma manera, en un predio ubicado en las afueras de la localidad de Pailitas, los miembros de una misma familia fueron víctimas de ese grupo en el año 2003. En los hechos, se cuenta el asesinato de cinco personas y la desaparición forzosa de otra más del mismo núcleo familiar. El predio gozaba de especial interés para el grupo armado dado que allí funcionaba una estación de gasolina, ubicada sobre la carretera Troncal de Oriente, que comunica al departamento con el interior del país.
