Abelardo Caicedo, excomandante del Bloque Caribe de las extintas Farc-EP, reconoció este martes su responsabilidad como “partícipe determinante” en los secuestros y otros crímenes de lesa humanidad cometidos en la región Caribe, en una audiencia histórica en la que, por primera vez, cinco antiguos mandos de esa estructura aceptan públicamente su papel en los secuestros perpetrados en territorios como el Cesar.
De los cinco comparecientes convocados a esta Audiencia Regional de Reconocimiento de Responsabilidad, solo uno había sido procesado en la justicia ordinaria y ninguno había reconocido antes su participación en los secuestros cometidos en esta región del país.
La diligencia se desarrolla en el marco del Caso 01 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga la política de secuestro de las Farc-EP, y tiene especial relevancia para el Cesar porque buena parte de los retenes, “pescas milagrosas” y privaciones de la libertad atribuidas al Bloque Caribe se concentraron en corredores viales como San Roque, Becerril, La Jagua de Ibirico y Codazzi, puntos neurálgicos para la economía ganadera y minera del departamento.
En el estrado, además de Abelardo Caicedo, alias ‘Solís Almeida’, comparecen Uriel Oviedo, conocido como ‘Mañe’, excomandante del Frente 35; Osmany Landero, alias ‘Hernando González’, también excomandante del Frente 35; Gilberto de Jesús Giraldo, alias ‘Aldemar Altamiranda’, excomandante del Frente 41; y Luis Cuadras, alias ‘Leonardo Guerra’, excomandante del Frente 59. Estos frentes operaron en los Montes de María, La Mojana, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, zonas desde donde se proyectaron acciones armadas y secuestros hacia municipios del Cesar, afectando a ganaderos, transportadores, comerciantes y campesinos que se movilizaban por las vías del centro y norte del departamento.
Tenían poder de mando
Según la JEP, los cinco imputados tenían poder de mando o fueron determinantes para ejecutar los planes del antiguo Secretariado de las Farc-EP, controlar a la tropa y disciplinar a sus subalternos en la aplicación de la política de secuestro. Ese margen de decisión incidió directamente en la instalación de retenes, la selección de víctimas y la prolongación de los cautiverios en el Caribe, incluyendo el Cesar, donde la Comisión de la Verdad ha documentado cómo el secuestro alteró la vida cotidiana, provocó desplazamientos y dejó profundas secuelas económicas y emocionales en las familias.
La audiencia es dirigida por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, instructora del Caso 01, y la preside en compañía de la magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, en un espacio facilitado por las mujeres del Museo de Arte y Memoria de Mampuján, en María La Baja (Bolívar), cuyo trabajo comunitario ha convertido ese lugar en un símbolo de resistencia y memoria del Caribe.
“Usamos el miedo para ejercer control”
“Estoy aquí para asumir mi responsabilidad individual como miembro del Bloque Caribe. Los crímenes son no amnistiables y de lesa humanidad. Lo tengo claro y por eso estoy presente. Fui un partícipe determinante porque emití y cumplí órdenes”, afirmó Caicedo Colorado durante la Audiencia Regional de Reconocimiento de Responsabilidad que se desarrolla en Bolívar por la política de secuestro que las Farc-EP desplegaron en esa región del país.
En su intervención, Caicedo se refirió al patrón de control social y territorial ejercido por esa estructura y describió la instalación de retenes en las troncales del Caribe, en corredores como San Roque, Becerril, La Jagua de Ibirico y Codazzi.
“Reconozco los tres patrones por los cuales nos imputan”, dijo, en referencia a las modalidades definidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): secuestros para financiar la organización, para ejercer control social y territorial y para promover canjes por guerrilleros presos. “Estas acciones afectaron a la población civil, tanto por las consecuencias psicológicas como por los riesgos derivados de las confrontaciones armadas”, añadió el exjefe guerrillero al dirigirse a las víctimas presentes.
“Usamos el miedo para ejercer el control. Cargábamos armas, y esas armas, aunque siempre dijimos que eran para defender a las personas más pobres de este país, resulta que, en la medida que hemos ido conociendo de los hechos que investiga el Caso 01, nos damos cuenta de que estábamos lejos de eso”, reconoció Caicedo, quien ya había comparecido ante la JEP por reclutamiento de menores en la Sierra Nevada y el Caribe.
El Bloque Caribe y el Cesar: retenes, “pescas milagrosas” y secuestros
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó en 2025 crímenes de guerra y de lesa humanidad a cinco antiguos mandos del Bloque Caribe por 827 secuestros cometidos en Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y Barranquilla, en el marco de la política de toma de rehenes y graves privaciones de la libertad del Caso 01. Según la jurisdicción, esta estructura es responsable del 15% de todos los secuestros atribuidos a las Farc-EP en el país, lo que la convierte en uno de los bloques con mayor participación en esta práctica.
En el Cesar, el Bloque Caribe consolidó un patrón de secuestro asociado a retenes ilegales o “pescas milagrosas” en las carreteras, así como a incursiones en fincas y cascos urbanos de municipios ganaderos. La JEP ha establecido que, solo en las vías del Caribe, esa estructura instaló al menos 49 retenes para detener vehículos, verificar identidades y seleccionar a sus víctimas, muchas de ellas sin capacidad económica para pagar un rescate, lo que derivó en cautiverios prolongados y en otros crímenes asociados.
La Comisión de la Verdad, en su Caso 63 sobre el secuestro en el departamento del Cesar, documentó que esta práctica “interrumpió el ciclo cotidiano de la vida social y económica”, golpeando de manera especial a familias ganaderas y comerciantes que se movilizaban por corredores como San Roque–La Jagua y Codazzi–Valledupar. Los testimonios recogidos dan cuenta de secuestros en carretera, en cercanías de fincas o a la salida de los pueblos, lo que generó una sensación de encierro, miedo generalizado y un descenso en la actividad económica regional.
Cinco exmandos del Bloque Caribe ante las víctimas
La audiencia regional que se realiza esta semana en Bolívar hace parte del desarrollo del Caso 01 de la JEP, que desde 2018 investiga la política de secuestro de las Farc-EP y ha llevado a que siete exintegrantes del último Secretariado reconozcan su responsabilidad nacional en estas conductas. En esta fase, cinco excomandantes del Bloque Caribe —entre ellos Caicedo— comparecen como máximos responsables regionales de los secuestros y otros crímenes cometidos durante los cautiverios en la Costa Caribe.
La JEP ha enfatizado que todos los comparecientes llamados en esta audiencia ya aceptaron por escrito su responsabilidad como partícipes determinantes, es decir, como mandos con capacidad de ordenar, conocer y controlar la ejecución de los secuestros en territorios como el Cesar. De acuerdo con los autos del tribunal, su colaboración efectiva con la verdad y el reconocimiento frente a las víctimas será clave para acceder a sanciones propias restaurativas y evitar penas ordinarias, en un escenario en el que los secuestros fueron calificados como crímenes de guerra y de lesa humanidad, no amnistiables.
