La firma del Protocolo de Kyoto surge con el fin de regular la actividad industrial y sus gases de desecho, teniendo en cuenta que este tipo de gases serían los responsables del acelerado calentamiento global. Por José Luis Ropero De La Hoz
El 12 de diciembre de 1997 en la ciudad de Kyoto (Japón) 189 Estados de las Naciones Unidas adoptaron un conjunto de medidas anunciadas como el primer paso en la solución de los grandes problemas que afrontan los ecosistemas y en la prevención del temible cambio climático; se trata del famoso Protocolo de Kyoto, un quinceañero al que es mejor evaluar y conocer antes de celebrar apresuradamente su aniversario.
Los argumentos que llevaron a la firma de este tratado proclaman la actividad industrial y sus gases de desecho como la causa del acelerado calentamiento global; en consecuencia se asumió que la única manera de frenar el impacto del desarrollo sobre la estabilidad de la biosfera era empezar a disminuir la emisión de los llamados gases de efecto invernadero (GEI) a saber: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexaflururo de azufre (SF6); nombres en sí ya bastante miedosos.
Con una temperatura media de la superficie terrestre aumentando entre 2º y 4ºC hacia el 2100 (según proyecciones moderadas), decidieron los gobiernos que menguar la emisión de gases a la atmósfera en un 5% hacia el 2012 sería una buena cuota inicial. Sin embargo no todo fue rosas en este jardín, pues antes de entrar en vigor este tratado, su principal mentor los EE. UU. ya se había retirado (2001).
Se estableció que sería de obligatorio cumplimiento cuando lo ratificasen los países responsables de al menos un 55% de las emisiones de CO2; pero este presupuesto sólo se logró en el 2004 cuando Rusia hizo su parte, único Estado que parece estar en condiciones de cumplir la meta, amén de un largo declive económico que apenas parece estar superando.
El tratado ciertamente fue desequilibrado, al punto que China (el mayor emisor de GEI) está exento de regulación, mientras que países desarrollados como Alemania y Dinamarca, obligados a disminuir en un 21% sus emisiones, pueden eludir su responsabilidad comprando cuotas de carbono en países subdesarrollados que ceden sus posibilidades de progreso industrial en favor de la especulación financiera internacional.
Tal parece que el aclamado objetivo de estabilizar las emisiones de GEI en un nivel que evite interferencias peligrosas en el clima, mientras se asegura la producción alimentaria y el desarrollo sostenible, se ha convertido en letra muerta.
Por otra parte, aún la comunidad científica no entrega pruebas concluyentes de que los gases mencionados sean los responsables del calentamiento global; nada de raro tiene que estemos frente a una hipótesis sobredimensionada por las conveniencias políticas, la ciencia también se equivoca.
Sin embargo el deterioro ambiental es una realidad, la producción alimentaria y la búsqueda de energías eficientes se han fusionado en la aberración de los “biocombustibles” que llevan al aumento exagerado en los precios de la santa comida y al hambre. Tal vez un cambio en los fundamentos económicos de este orden social pudiera ser mejor, sin tanto protocolo.
La firma del Protocolo de Kyoto surge con el fin de regular la actividad industrial y sus gases de desecho, teniendo en cuenta que este tipo de gases serían los responsables del acelerado calentamiento global. Por José Luis Ropero De La Hoz
El 12 de diciembre de 1997 en la ciudad de Kyoto (Japón) 189 Estados de las Naciones Unidas adoptaron un conjunto de medidas anunciadas como el primer paso en la solución de los grandes problemas que afrontan los ecosistemas y en la prevención del temible cambio climático; se trata del famoso Protocolo de Kyoto, un quinceañero al que es mejor evaluar y conocer antes de celebrar apresuradamente su aniversario.
Los argumentos que llevaron a la firma de este tratado proclaman la actividad industrial y sus gases de desecho como la causa del acelerado calentamiento global; en consecuencia se asumió que la única manera de frenar el impacto del desarrollo sobre la estabilidad de la biosfera era empezar a disminuir la emisión de los llamados gases de efecto invernadero (GEI) a saber: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexaflururo de azufre (SF6); nombres en sí ya bastante miedosos.
Con una temperatura media de la superficie terrestre aumentando entre 2º y 4ºC hacia el 2100 (según proyecciones moderadas), decidieron los gobiernos que menguar la emisión de gases a la atmósfera en un 5% hacia el 2012 sería una buena cuota inicial. Sin embargo no todo fue rosas en este jardín, pues antes de entrar en vigor este tratado, su principal mentor los EE. UU. ya se había retirado (2001).
Se estableció que sería de obligatorio cumplimiento cuando lo ratificasen los países responsables de al menos un 55% de las emisiones de CO2; pero este presupuesto sólo se logró en el 2004 cuando Rusia hizo su parte, único Estado que parece estar en condiciones de cumplir la meta, amén de un largo declive económico que apenas parece estar superando.
El tratado ciertamente fue desequilibrado, al punto que China (el mayor emisor de GEI) está exento de regulación, mientras que países desarrollados como Alemania y Dinamarca, obligados a disminuir en un 21% sus emisiones, pueden eludir su responsabilidad comprando cuotas de carbono en países subdesarrollados que ceden sus posibilidades de progreso industrial en favor de la especulación financiera internacional.
Tal parece que el aclamado objetivo de estabilizar las emisiones de GEI en un nivel que evite interferencias peligrosas en el clima, mientras se asegura la producción alimentaria y el desarrollo sostenible, se ha convertido en letra muerta.
Por otra parte, aún la comunidad científica no entrega pruebas concluyentes de que los gases mencionados sean los responsables del calentamiento global; nada de raro tiene que estemos frente a una hipótesis sobredimensionada por las conveniencias políticas, la ciencia también se equivoca.
Sin embargo el deterioro ambiental es una realidad, la producción alimentaria y la búsqueda de energías eficientes se han fusionado en la aberración de los “biocombustibles” que llevan al aumento exagerado en los precios de la santa comida y al hambre. Tal vez un cambio en los fundamentos económicos de este orden social pudiera ser mejor, sin tanto protocolo.