Con base en información del DANE La tasa de desempleo promedio en Colombia durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2019 fue de 11.5 %, el promedio nivel más alto entre las principales economías latinoamericanas.

Según el Observatorio de Coyuntura Económica y Social de la universidad de los Andes el mal funcionamiento del mercado laboral en Colombia está reflejado en cuatro síntomas: “altas tasas de desempleo, prevalencia de la informalidad laboral, la cual se relaciona con la concentración desproporcionada del empleo en microempresas y en trabajadores por cuenta propia, finalmente resultados desiguales entre diferentes grupos demográficos en el mercado laboral, especialmente en mujeres y jóvenes”.

Varios estudios evidencian que estar en situación de desempleo genera ansiedad, estrés, depresión, y desequilibrio emocional que podrían incluso llevar al suicidio. Cabe advertir que, la creación de empleos no tiene fórmulas mágicas, requiere medidas pragmáticas conectadas con la gestión empresarial y superar los estímulos de las exenciones tributarias, que entre otras cosas por lo menos en las últimas dos décadas no evidencia mejoramientos significativos. 

Las reformas laborales irrumpen con recetas que procuran la reducción del desempleo, sin embargo, la mezcla de los ingredientes ha terminado en sinsabores. Pero el país no puede seguir aplazando las reformas necesarias para que el mercado laboral sea menos inequitativo e ineficiente, en aras de generar ingresos para los hogares colombianos. 

El gobierno del presidente Gustavo Petro también trajo debajo del brazo su reforma laboral. Con horas de presentada en el Congreso de la República aparecieron múltiples objeciones. Es apenas normal que esto ocurra en un país ideologizado y polarizado. No obstante, han sido valiosos los aportes realizados por el Banco de la República, respecto de la estabilidad en el mercado laboral y el análisis cuantitativo de algunos impactos del proyecto de ley de reforma laboral. Asimismo, lo resaltado por Fedesarrollo, sobre el “aumento de los costos laborales, porque tendrían impactos en el desempleo y la informalidad, agravando aún más la problemática de cobertura del sistema pensional”. Banco de la República y Fedesarrollo son instituciones de gran aporte técnico, razón suficiente para que el gobierno contemple sus recomendaciones, las cuales han sido discutidas en el Congreso de la República. 

De otro lado, también es ineludible apreciar las variables que nos muestra el contexto. Hago referencia de los informes realizados desde 2016 por el Foro Económico Mundial. El más reciente lanzado en abril de la vigencia rastrea el impacto de la Cuarta Revolución Industrial en el mercado laboral e identifica la escala potencial de interrupción y crecimiento ocupacional junto con estrategias para empoderar las transiciones laborales. 

La cuarta edición del informe sobre el futuro de los empleos amplía su alcance más allá del cambio tecnológico para considerar y abordar el impacto en el mercado laboral impulsadas por avances tecnológicos, como la inteligencia artificial (IA) generativa y las disrupciones económicas, energéticas y geopolíticas y las crecientes presiones sociales y ambientales. En ese sentido las empresas encuestadas deben rediseñar sus estrategias para encarar la ola de los empleos crecientes y decrecientes. Los especialistas en inteligencia artificial y aprendizaje automático encabezan la lista de trabajos de rápido crecimiento, seguidos por los especialistas en sostenibilidad, analistas de inteligencia empresarial, transición energética y mitigación del cambio climático. De otro lado, disminuyen más rápido las funciones administrativas o secretariales, y se espera que los cajeros bancarios y empleados relacionados con el servicio postal, los cajeros, taquilleros y cadena de suministro y logística disminuyan con mayor velocidad.

La transformación de los trabajos y las habilidades tiene un impacto significativo en las empresas, los gobiernos y los trabajadores de todo el mundo. Por ello es crucial que la reforma laboral sea construida en consenso y entendida como un bien superior para Colombia, porque el objetivo común es darle solución a un problema persistente que presenta balances negativos.