Fundación Festival Vallenato en aprietos por deuda con el municipio de Valledupar
A puertas del Festival Vallenato, un fallo del Tribunal Administrativo del Cesar puso de nuevo a correr a la Fundación que lo organiza.
Por Sandra Santiago B.
El Tribunal Administrativo del Cesar rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la Fundación del Festival Vallenato, con la que se buscaba dejar sin efecto un acuerdo de pago suscrito con el Municipio de Valledupar, por concepto del pago de impuestos por espectáculos públicos de los años 2009 y 2010.
La Fundación que realiza la fiesta de acordeones más importante del país, no canceló los mencionados tributos y se encuentra en una disputa judicial con el Municipio, que a través de un proceso de jurisdicción coactiva le embargó las cuentas corrientes y el terreno del Parque de la Leyenda Vallenata, ‘Consuelo Araujo Noguera’, en agosto del año pasado.
La organizadora del certamen folclórico incumplió con un acuerdo de pago que hizo en la administración de Luis Fabián Fernández por cerca de 630 millones de pesos que adeuda en impuesto de espectáculos públicos.
La organizadora del Festival Vallenato, aduce que estos impuestos fueron derogados, en razón de que la nueva ley expedida en 2006 que se denomina de EspectáculosPúblicos de las Artes Escénicas, estableció una especie de beneficio económico para los contribuyentescumplidos, pero el Municipio, que al momento del embargo era representado por José Alejandro Fuentes Rodado, quien se desempeñaba como Secretario de Hacienda, consideró lo contrario y los embargó.
La Fundación procedió a impetrar la demanda que fue rechazada por el presidente del Tribunal, José Antonio Aponte Olivella.
Apelará
El apoderado de la Fundación del Festival Vallenato, el abogado Hugo Mendoza, dijo a El Pilón que contra la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Cesar, interpondrá recurso de apelación ante el Consejo de Estado.
El apoderado manifestó que el Tribunal se equivocó en la decisión, debido a que no se ha demandando la nulidad de un mandamiento de pago, sino el acto administrativo que dejó sin efecto de pago.