Desde este martes cuando un grupo de personas decidió quemar la oficina de Electricaribe en Chimichagua, el municipio ha estado en la agenda.

Opuesto a los actos vandálicos, cientos de personas salieron a marchar de forma pacífica en contra de los servicios que presta la empresa de energía.
Pero no se quedarán ahí. Lo pactado es que una vez lleguen los recibos, se reunirán en una quema pública y no los pagarán hasta que las condiciones cambien. Con la huelga buscan sentar a las autoridades de la empresa privada y a la Alcaldía municipal.

En la combinación de un año político y el descontento social, la organización comunitaria nació en redes sociales con protestas individuales que se unieron en un grupo de WhatsApp para determinar las acciones que realizarían. De allí nacieron propuestas como la de retomar el Comité de Vigilancia de Servicios Públicos a través de la Personería desde donde se dirigirá todo. “Este será nuestro eje de los reclamos que realizaremos ante entidades nacionales y departamentales”, aseguró Luis Miguel Ruiz, representante legal de la Veeduría Ciudadana Unidos Por Chimichagua.

Además, se programó una huelga que empezó con la instalación de papeles en los contadores de energía que rezan: “Sin buen servicio, no hay pago de factura”. “Sentimos que Electricaribe se burla de nosotros. Nos diferenciamos de esas acciones vandálicas y dijimos que íbamos a trabajar como comunidad y entonces la primera idea que nació fue crear la cultura del no pago. ¿Cómo vamos a pagar un servicio ineficiente que nos daña los electrodomésticos? Vamos con la cultura del no pago hasta que no se mejore el servicio”, explicó Edwuar Arias, uno de los partícipes del proceso.
Con esa estrategia de no pagar el recibo buscan que Electricaribe y la administración municipal inviertan en uno de los municipios con el peor servicio de energía del Cesar. “La culpa de este problema no es solo de Electricaribe. Resulta que la administración municipal tampoco ha ayudado a solucionar este problema. Hace unos años se invirtió en la creación de una subestación que nunca tuvo uso. Electricaribe y la administración nunca la usaron, la abandonaron”, agregó Carlos Vanegas, participante del grupo que ha liderado estos procesos.

LA SUBESTACIÓN QUE SE CONVIRTIÓ EN CHATARRA

Hace alrededor de diez años, el Gobierno Nacional invirtió $2,119 millones en una subestación para el municipio de Chimichagua. Sin embargo, por problemas de servidumbre, permiso y lo que algunos llaman falta de gestión municipal, lo construido quedó en ruinas y la subestación que mejoraría el servicio nunca entró a funcionar. Sumado a que la delincuencia común ha ido desarticulando las herramientas que quedaban.

En cambio, el gerente de la seccional Cesar de Electricaribe, Jorge Rivero, considera que en vez de mejorar la situación, el no pago afecta la calidad del servicio. “Cualquier peso que recaudamos se necesita para pagar la operatividad y realizar el mantenimiento. No pagar mantiene el circulo vicioso de no pago, alto porcentaje de perdida y mal servicio”, explicó el gerente.

En busca de salidas, se están realizando mesas con la comunidad de Chimichagua para llegar a un acuerdo sobre la situación de Electricaribe. De la regularidad del servicio y la mesa de trabajo dependerá la conclusión de una discusión que tiene en medio un servicio tan importante como lo es la energía.

DEIVIS CARO DAZA/ EL PILÓN
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