Al funcionario público, al gobernador y al alcalde, que son los jefes de policía del territorio, hay que recordarles que por tanto goce de poder, visibilidad y respeto de la ciudadanía a su persona y familia, les llega, como contraprestación, un momento como el presente, en que esta le exige que deben responder.

El triste y repudiable crimen de Alberto ‘Tico’ Aroca, apreciado pediatra, empresario y miembro de familia, estremece los cimientos de la comunidad cesarense y pone en entredicho, nuevamente, nuestra capacidad de vivir en sociedad.

Según información de testigos, el modus operandi del cruel asesinato es parecido al del atentado contra el ganadero Celso Castro: una persona que camina oronda por la calles de la ciudad, armada sin temor a ser aprehendida, dispara casi a quemarropa contra la persona cuyos pasos parecen tener cuidadosamente estudiados, y huye fácil, casi sin temor, como si hubiera cometido una travesura infantil, un hecho sin importancia.

Algo banal. Pero en este caso la víctima no salía de un carro tal vez blindado, o tuvo un descuido. No, fue en las condiciones más inermes, caminando, haciendo deporte con amigos junto al río Guatapurí en una madrugada de no recordar.

Varios hechos saltan a la vista tras este y otros lamentables episodios que ha sufrido Valledupar en lo que va corrido del año: la facilidad con la que cualquiera puede conseguir un arma y transportarla por la ciudad, la abundante mano de obra que parece estar disponible para desempeñar la execrable labor, y la impunidad que cobija casi todos los casos.

No es aceptable que el sicariato se haya apoderado de la ciudad. Que los homicidios y los hurtos crezcan sin control. Que nadie se atreva a caminar por la calles ni a denunciar por temor. Que las tertulias para coger el fresco de la tarde se hayan acabado, vencidas por el temor. Que la desconfianza se haya apoderado de cada esquina de la ciudad. Que, con el peregrino argumento del hacinamiento carcelario, a los delincuentes encontrados culpables se les otorgue una detención domiciliaria que nadie controla. Que reine la impunidad y, algo peor, el desamparo.

Exigimos vehementemente a las autoridades resultados para aclarar este asesinato que nos enluta a todos. Y para poner coto a miles de asesinatos más que se cometen a diario con diversos móviles. No hay fin, por noble que parezca, que justifique un hecho violento.

Como sociedad debemos desarmar los corazones y pronunciar como un mantra que la vida es sagrada. A fuerza de repetirla, aprenderemos a convivir pacíficamente en medio de nuestras diferencias.

Y evitar caer en algo peor: la indiferencia, la costumbre. No puede ser que una rencilla, una diferencia cualquiera de vecinos, de negocios, se resuelva con el ejercicio de la violencia.

Y si la cosa es más grave, una organización criminal que podría llegar a enquistarse en la gobernante autoridad policial o política, por complicidad o tolerancia, hay que desenmascararla.