Para sacar adelante su Plan Nacional de Desarrollo, PND, el presidente Iván Duque está echando mano a todas las fuentes de financiación posible, y aunque en campaña le dijo no al fracking, recién le abrió la puerta a esta técnica no convencional de explotaición de hidrocarburos al incluirla en el PND aprobado por el Congreso de la República.

En el numeral 2, objetivo 1 del capítulo IX del PND, el fracking fue incluido en el documento final que el Gobierno Nacional les presentó a los congresistas, con el cual le dará el aval al Ministerio de Minas y Energía para viabilizar la exploración y explotación de yacimientos no convencionales.

Aunque muchos aseguran que este es un ‘mico’ en el PND, hay que tener presente que a Colombia solo le restan cinco años de reservas petroleras y de gas con los métodos convencionales, cinco años de autosuficiencia que no sería tiempo suficiente para hacer la transición total hacia otro tipo de combustibles. Recordemos que la producción actual supera los 800.000 barriles diarios, pero los estudios sobre los yacimientos no convencionales estiman que podría haber entre 2.400 y 7.400 millones de barriles de petróleo adicionales.

Además, según cálculos de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), con el fracking el país podría generar ingresos en materia de inversión de más de 5.000 millones de dólares anuales, aumentar a casi 25 años las reservas de petróleo y recibir regalías por cerca de 10.000 millones de dólares para los próximos 25 años. El Estado necesita esos recursos para el ajuste fiscal, por lo que es entendible que Duque asuma los riesgos ambientales y sociales de tan polémica decisión.

No podemos desconocer que la economía colombiana depende en alto grado de lo que pase con el petróleo; cerca del 40 % de las exportaciones del país corresponde al crudo, y este renglón productivo domina en materia de impuestos y regalías.

Lo ocurrido el Congreso, donde 60 congresistas se opusieron a este as bajo la manga del Gobierno, demuestra que Duque está dispuesto a asumir el costo político de abrirle la puerta al fracking.

No pueden cantar victoria los promotores del fracking, teniendo en cuenta que todavía en la Comisión Quinta del Senado transitan tres proyectos de ley: dos buscan prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales, uno del partido Conservador y otro de la Alianza Verde. Y uno más, del Partido de la U, plantea una moratoria al desarrollo del fracturamiento hidráulico, en espera de los estudios necesarios para determinar sus reales impactos sociales y ambientales.

En ese sentido, sigue abierto el debate sobre los efectos ambientales de la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, versus sus bondades como una herramienta para ampliar los años de reserva petrolera y un soporte fundamental para las finanzas públicas y el desarrollo del país.